“Entiendo que los inspectores de la Regional Salto Grande habían convocado a delegados de ATE del IAPV de toda la provincia para que estos vengan a darle respaldo porque se sentían indefensos ante supuestas amenazas, agresiones, aprietes, digo supuestos porque yo nunca me enteré de que hubiera ocurrido, de haberlo sabido por supuesto que hubiese procedido en consecuencia”, señaló Olivera confesando que “ni siquiera verbalmente ninguno de estos inspectores se presentó a decirme que los habían amenazado, mucho menos de manera escrita y menos pretender pedir la exposición policial si lo hubiesen hecho, ni hablar de una denuncia policial o penal”, añadióó.
“Creo que es una cuestión absolutamente mediática, que está promovida por algunos que han perdido un protagonismo político que en otras épocas tenían o tal vez por otros que tenían un protagonismo gremial que perdieron y que hoy están utilizando esta situación para adquirir protagonismo”, especuló. Aunque eludió dar nombres, Cáceres sugirió que “ellos saben a quien me refiero, después van a decir que los agravio, los injurio. No corresponde y ellos saben bien a quien me refiero”.
Los reclamos puntuales
“En la nota hablan de que la Regional no tiene recursos y los recursos no son los ideales pero tampoco son escasos, es mentira es absolutamente falso que un viático demore en cobrarse 60 días, demora entre 15 y 20 días. El mismo tiempo que se demora en pagarle a un inspector de obra se demora en pagarme a mí”, añadió.
En cuanto a la movilidad, “tenemos dos vehículos, todas las regionales tienen dos vehículos”, detalló el funcionario. “Nosotros como tenemos uno en reparación y es absolutamente costosa la reparación y algunos repuestos no se consiguen, trajimos otro vehículo a la Regional para que no se resienta el transporte y, por otra parte, los inspectores tienen la posibilidad de utilizar su vehículo particular y se le pagan los gastos, un porcentaje de la nafta o gasoil según los kilómetros recorridos, aparte del viático para sus gastos personales”, explicó.
“Respecto de los plazos de obras que dicen que se atrasan, se atrasan las obras particulares cómo no se van a atrasar las públicas”, equiparó. “Sin pretender justificar a nadie pero si ustedes se tomaran el trabajo de averiguar si se consigue, por ejemplo, el ladrillo hueco, el ladrillo hueco no se consigue, las fábricas no dan abasto no se consigue el machimbre para poner en el cielorraso. Son distintos elementos que juegan en que la obra se atrase. Pero cuando una obra se atrasa no es porque sí, porque si eso ocurriese hay una sanción económica para la empresa, la empresa tiene que justificar ese atraso”
No obstante, y al igual que lo hiciera Cáceres en una nota realizada por este medio, Olivera demostró no tener muy frescas las sanciones que corresponden a las empresas que no cumplen. Sólo atinó a decir que es “un porcentaje sobre el certificado a cobrar”, argumentando que “eso se maneja en la gerencia técnica de Paraná”. En este sentido, trató de explicar: “no es que yo lo desconozca, sino que dentro de la seccional no hemos tenido que sancionar o pedir sanciones para ninguna porque han justificado debidamente esa demora”, aseguró el funcionario confirmando la pasividad del IAPV a la hora de sancionar los incumplimientos de las empresas.
