TEXTUAL LA NOTA DE : Daniel Tirso Fiorotto Especial para ANÁLISIS
Cuarenta mil familias entrerrianas esperan un techo, y muchas de ellas podrían tenerlo porque hay dinero. Sin embargo, ese derecho se les escapa por el esquema de trabajo del organismo provincial encargado de hacerlas, el Iapv, conducido por un puntero político que ha hecho carrera en la chicana. Sus propios empleados sospechan que la falta de transparencia favorece a altísimos funcionarios y empresarios, facilita arreglos previos a las licitaciones, desaprovecha miles de oportunidades, priva de casas a los humildes, y funciona de modo que siempre quede un resquicio para entregar casas por amiguismo.
Chicos que pasan frío, ancianos que se mojan con cada lluvia, hermanos hacinados en una habitación con sus padres y tíos; jóvenes parejas que se ven privadas de un techo digno y obligadas a convivir con sus mayores. Todo en medio de las noticias reiteradas de récords sobre récords de recaudación, y de pagos adelantados de deudas externas.
Ese es el panorama en Entre Ríos. Lo dicen los que más saben: los empleados del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda -Iapv- Y afirman además que ese panorama los tiene enfermos.
Por eso decidieron redactar un documento con información oficial, de fuentes nacionales, e interpretar los números para demostrar la ineficiencia y la falta de transparencia que priva a muchas familias de una casa. La ecuación: mayor manejo de fondos a discreción desde los funcionarios, menores riesgos empresarios, da como resultado una oferta de casas absolutamente insuficiente.
Es cierto, no vale la pena, pero mientras los trabajadores se enferman de ver las injusticias que dejan sin una casa a una familia, el principal responsable del área en la familia, José Cáceres, se especializa en chicanas para desacreditar a sus adversarios, y es usado por el gobierno como vanguardia a la hora de responder críticas con descalificaciones personales. Esa actitud brilla cuando se la coloca sobre una gestión opaca.
Los trabajadores tienen sobradas pruebas para demostrar que con chicanas no se construyen casas, que las chicanas no son ladrillos, y que las expresiones folclóricas de pretendida ironía que suelen adjudicarse a Cáceres, como dirigente partidario del oficialismo, no alcanzan para ocultar la ineficacia de su gestión, vista su gestión desde el interés de los demandantes de viviendas.
«Tenemos récords de recaudación, hay mucho dinero, y sin embargo puede verificarse que en Entre Ríos hay una demanda de más de 40.000 viviendas que al ritmo actual vamos a tardar medio siglo en construir, y cuando las construyamos se habrán acumulado demandas por otras 100 mil casas, es decir, este sistema hace agua, no funciona, y lo que más duele es que mientras tanto hay familias sobreviviendo con algunas chapas en las orillas de los arroyos», apuntó un empleado.
Según registros de los trabajadores, en períodos de crisis económica se lograban construir más viviendas que en le actualidad. El promedio de 1984 a 1993 sería de 1.121 casas por año en Entre Ríos, el promedio de 1994 a 2003 de 1.511 por año, y el promedio de 2003 a 2007 no alcanzaría a 700 viviendas por año. Si se comparan estos números con el presupuesto, la información asombra.
Muchos ojos ven demasiado
Desidia, falta de gestión, serían sólo algunos pecados veniales, porque los empleados consultados por ANÁLISIS sospechan en verdad de manejos oscuros y afirman que el gobierno provincial encerró las licitaciones y las informaciones entre muy pocas personas, de tal modo que si bien genera sospechas, al mismo tiempo impide el control, con lo cual se abren espacios para la negociación funcionarios/empresarios, en forma directa.
Como resultado, estos empleados aseguran que Entre Ríos ha perdido, durante la gestión de este dirigente, miles de soluciones habitacionales, sea en casas nuevas o en reparaciones y ampliaciones de viviendas y servicios; y que el sistema empleado provoca dudas por la expulsión de empleados de los centros de decisión, restringidos a pocos protagonistas leales.
No lo pueden denunciar ante la justicia porque les faltan pruebas, pero los trabajadores sospechan que, en detrimento de las oportunidades de miles de familias, algunos funcionarios de altísimo rango, el mayor, negocian con empresarios de altísimo rango dentro de la Cámara de la Construcción para meter mano en el sistema de competencia que imponen las licitaciones y, en cambio, permitir que cada empresa se quede con un paquete más o menos grande pero con ingresos que achican sus riesgos. Negocio redondo para todos, menos para las familias que necesitan un techo.
El documento elaborado por trabajadores del Iapv plantea numerosos interrogantes sobre la gestión de casas para los entrerrianos. Señala excesivas demoras en la ejecución de planes, desidia, falta de gestión, y sucesivos pagos de «mayores costos», como algunas de las causas de la pérdida de miles de viviendas. Esos «mayores costos» obedecerían a diversas razones de ejecución, y en este caso no necesariamente a hechos de corrupción.
Los trabajadores apuntan que en un registro de demanda de casas se inscribieron 13.000 paranaenses, por caso, y que en toda esta gestión no se entregaron siquiera 800 viviendas en total. «Es una desproporción, y el sistema está en contra de las familias que tienen trabajos precarios o cobran en negro, porque se les exigen sueldos de más de 800 pesos para que puedan pagar cuotas de 140, entonces de entrada la mayoría no participa siquiera de los sorteos, es muy perverso», dice un empleado.
Según Cáceres, en cambio, se adjudicaron 5.650 viviendas en lo que va de la actual gestión, y se estima que al final el actual período de gobierno, en diciembre próximo, se habrán construido en la provincia alrededor de 7.000 unidades. Otras 2.500 viviendas quedarán en ejecución. Otras casas no se iniciaron, dice, por el bajo valor reconocido por el Estado, de manera que las empresas no cotizaron.
Para los trabajadores, los números brindados por Cáceres no condicen con los registros nacionales.
Como sea, ambos coinciden en que las demandas superan por lejos la oferta. Y un sistema que deja rendijas para los sobornos provoca daños múltiples: por un lado, deja fluir hacia destinos oscuros el dinero que debiera invertirse en techos para familias humildes, en segundo lugar, genera resquemor en las familias necesitadas y en las propias empresas, con la sensación de que si no se es amigo no se llega; además, las empresas que pagan un retorno se sienten con derecho a pedir que los inspectores hagan la vista gorda.
«Así, a algunos inspectores les cuesta conseguir un vehículo, un viático, y terminan visitando a veces una obra una vez por mes; encuentran todo tapado, la inspección se convierte en un trámite y eso atenta contra la calidad pero además atenta contra la salud de los trabajadores porque es insalubre», dice un técnico del Iapv.
«Históricamente se lanzaban licitaciones y se designaban dos profesionales técnicos, un contador y un abogado para estudiar la licitación, con un informe de preadjudicación o de rechazo. Pero así, no pocas ofertas se encontraban con las exigencias de esa comisión que tenía diferencias de criterio y rebotaban. El gobierno vio que se le complicaba, entonces creó una súper comisión con un par de técnicos del palo, un abogado, un contador, para concentrar el estudio de casi todas las licitaciones. Eso se llama concentrar el negocio, cerrarlo, y la única explicación que tenemos es que les molestaban muchos ojos mirando», arriesga.
El argumento del gobierno: con esta modalidad, se evitan demoras burocráticas. Las sospechas de los empleados: con esta modalidad evitan ser mirados, y los negocios se cierran entre un empresario y un funcionario de altísimo rango. Los trabajadores consultados suponen que hasta los cupos de obras y los montos son decididos entre pocos, manipulados.
Conversalo con Fulano
El asunto es vital, y ésta de los empleados no es la primera advertencia sobre las falencias del Iapv. Hace pocas semanas el semanario Junio, de Concordia, dio cuenta de la relación negativa para Ente Ríos, en este rubro, si se compara la gestión con las de otras provincias. Ese medio fundó su observación en la comparación de datos obtenidos incluso de páginas de internet del gobierno nacional.
«No se trata de simples datos estadísticos, tampoco de falta de recursos (nunca hubo, como ahora, tanto dinero), se trata esencialmente de ineficiencia, desdeño, coimas, ‘empresarios’ amigos, en fin, se trata de miles de personas que sufren hacinamiento, angustias y una pésima calidad de vida. En Concordia existen anualmente casi 5000 personas que alcanzan la mayoría de edad y un porcentaje importante de ellos se incorporan a la vida en pareja haciendo nacer la necesidad de vivienda propia. Es decir, no sólo los miles que esperan y esperan sino los que año a año se incorporan a esa espera que en esta provincia y con estas autoridades parece interminable. Se trata del organismo (IAPV), responsable de responder a ese requerimiento. No lo hace o lo hace en forma ineficiente si se compara lo que ocurre aquí con otras provincias», redactaron periodistas concordienses.
Lo cierto es que miles de entrerrianos se ven privados de todo un artículo de la Constitución nacional que garantiza el acceso a una vivienda digna, condiciones dignas de labor, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, ¡participación en las ganancias de las empresas!
Vale preguntarse, en el esquema apuntado por los trabajadores, cómo se las arreglan los gobernantes para cumplir con sus compromisos personales de campaña (con sus laderos), en un sistema que sortea las casas. «Es muy simple, de entrada los interesados pasan por un colador, quedan pocos. Por ejemplo, entre 6.000 familias potables quedan las 240 de un plan, y luego se hace una suerte de auditoría en la que se exigen documentos varios, se analiza el tipo de grupo familiar, se revisan datos, se zarandea más fino, hasta que varias familias se caen. De un plan de 240, unas 40 quedan afuera, y como premeditadamente no eligieron suplentes, esas 40 oportunidades se manejan a gusto y placer de los funcionarios, es decir, quedan para los amigos, los partidarios».
El sistema clientelar/punteril funciona aceitado, dicen los denunciantes. Algunos vecinos comprenden el funcionamiento y saben que, recostados al poder, conversando con Fulano o Mengano y garantizando alguna militancia, sus chances se multiplican.
Sirve a los gobernantes, aunque en detrimento de la credibilidad del sistema, y como una burla a miles de demandantes que se inscriben en espera de una selección transparente y justa.
Miles de oportunidades perdidas
Las falencias surgirían en diversos planes. Un ejemplo sería el programa federal de mejoramiento habitacional. Dicen los trabajadores que según información disponible en el gobierno central, a la provincia se le otorgó un cupo de 4.430 mejoramientos pero después de casi 3 años sólo tenían principio de ejecución 121 soluciones en una sola ciudad, Gualeguaychú. «El Iapv se dio el lujo de dejar caer dos veces las licitaciones que se hicieron en el marco de este programa», dice el documento.
No se trata, en este caso, de casas nuevas sino de mejoras en sanitarios, conexiones de agua, cloacas, energía eléctrica, destinadas a familias pobres.
Los trabajadores entienden que una de las razones de estos resultados negativos radicaría en que este tipo de obras no se ajusta a los intereses de la Cámara de la Construcción, porque se trata de obras chicas y dispersas. De inmediato, señalan que en cambio en la provincia del Chaco había un cupo de 6.760 unidades y se ejecutaron 14.805, y en Tucumán se aumentó de 6.650 a 9.855, mientras que en Entre Ríos, insistieron, de 4.430 soluciones se habían ejecutado 121, con lo cual se habrían perdido fondos por más de 40 millones de pesos.
El Programa federal Plurianual es otro caso. La provincia recibió un cupo de 9.900 viviendas pero después de 18 meses de firmado el convenio marco con la nación no había ejecutado los cimientos de una sola casa, mientras que otras diez provincias ya iniciaron las obras.
Según los trabajadores, la demora en la remisión de fondos y en consecuencia el atraso del programa, obedecen a dos razones principales: el Iapv no habría presentado proyectos ante los organismos nacionales, y se habría retrasado en la ejecución de programas anteriores.
A pesar de todo, el presidente del Iapv, José Cáceres, anunció la licitación de 1.200 viviendas de este programa pero los trabajadores aseguran que no tiene terrenos, ni fondos presupuestados para comprar esos predios.
Municipios afuera
Algunas provincias con gestión en viviendas, que no es el caso de Entre Ríos, negociaron con las empresas adjudicatarias de planes con creatividad: por ejemplo, aceptaban firmar contrato por una obra de 40 viviendas en tanto y en cuanto la firma se hiciera cargo también del plan «Mejor vivir» en ese barrio, o en esa ciudad.
Un problema que se presento muy particularmente en Entre Ríos fue la negativa del gobierno nacional a hacer obras por administración desde los municipios. Esa modalidad fue la más usada durante la gestión anterior de Sergio Montiel, y corre con ventajas y desventajas: por un lado, las obras se demoran un poco más porque las comunas tienen numerosas responsabilidades aparte de las casas, y por otro, se realizan más baratas.
El caso es que el gobierno central no aceptó, prefirió la privatización de los planes, y eso permitió que en provincias con grupos concentrados, como Entre Ríos, las adjudicaciones se prestaran para el armado de ofertas con el menor grado posible de competitividad, dicen los empleados.
Dicen también que la nación había adjudicado casi 10.000 viviendas a Entre Ríos en el programa Plurianual y por distintos motivos, principalmente vinculados a la capacidad instalada, los empresarios dijeron que estaban en condiciones de encarar poco más de la mitad.
La mayoría de los planes se realizan por el precio tope, aseguran los trabajadores, y sospechan que las obras en lugar de salir adjudicadas por competencia se reparten de antemano, por connivencia entre altísimas autoridades provinciales y grandes empresarios. No pueden comprobarlo, pero aducen que al gobierno le bastaría con transparentar los procedimientos y abrir canales de participación ciudadana, para aventar sospechas.
Es cierto que el gobierno podría desacreditar estas sospechas con sólo divulgar cuadros informativos con las obras con sus características, los presupuestos oficiales y las cotizaciones para cada una de las licitaciones, de manera que otras empresas que no participaron de las licitaciones pudieran observar si los números son razonables o los proyectos podrían concretarse con montos menores, para ampliar la cobertura del derecho constitucional a la vivienda digna, por ahora restringido al mundo de los anhelos.
Terrenos: expresiones de deseo
El problema de los terrenos donde edificar viviendas es grave en algunas ciudades, Paraná por ejemplo, y ni la provincia ni la nación superaron los inconvenientes para proveer este insumo crítico aún en tiempos de pingües recaudaciones. Así, algunos planes terminaron saliendo con licitaciones llamadas «terreno, proyecto y precio», que encarecieron los costos y además son apenas excepciones.
La semana última las autoridades provinciales anunciaron gestiones para conseguir predios con fines de viviendas, pero los trabajadores aseguraron que esos fondos, supuestamente unos 3 millones de pesos, no están presupuestados y tampoco se presentó una modificación presupuestaria, de modo que por ahora se restringirían a una expresión de deseo, un anuncio mediático.
La senadora nacional Laura de Cresto logró la aprobación de una resolución en la cámara alta, en Buenos Aires, para promover la creación de bancos de tierra destinados a la edificación de viviendas.
La legisladora reconoció las severas restricciones existentes «que impiden a los jóvenes ver la posibilidad para acceder a una vivienda digna única, familiar y permanente», y apuntó los efectos de la pobreza y la desocupación, la informalidad de las relaciones humanas laborales y generales, el nivel de salarios y la inestabilidad del mercado de trabajo, sobre las chances de los jóvenes de conformar una familia estable bajo un techo digno.
Claro que no es más que otra expresión de deseo, un interés del Senado pero sin ley, sin la provisión de fondos concretos.
Mayores costos, ¿una constante?
En la historia del Fondo Nacional de la Vivienda -Fonavi- en Entre Ríos, la provincia se había quedado con el recupero de las cuotas por las casas adjudicadas, además de los montos propios del Fonavi. Pero desde 2003 se registraron fuertes inyecciones de dinero con fondos nacionales (que por otra parte son siempre menos que las fuertes recaudaciones del gobierno central, no coparticipadas). Sin embargo, eso no mejoró en cantidad y calidad el acceso a una casa. ¿Cómo se explica?
Esas remesas permitían, dicen los empleados, duplicar fácilmente las casas construidas, considerando los récords sobre récords de recaudaciones que exhibe el país, y la muy fuerte demanda de techos en ésta y casi todas las provincias.
A números gruesos, se estima un ingreso de 3 millones de pesos mensuales del Fonavi y otros 1.400.000 por el recupero, pero esos casi 4,5 millones no se ven en obras de vivienda y eso es lo que llama poderosamente la atención en el plano local.
Es decir, las pocas viviendas que se construyen se hacen en el marco de otros programas. ¿Qué ocurre con el flujo de fondos naturales del Fonavi y las cuotas recuperadas?
A los propios empleados del Iapv les resulta difícil identificar los destinos, pero en general, basados en información que recaban en organismos nacionales, estiman que se pierden en mala administración.
Por ejemplo: en el programa Solidaridad, la nación ofreció 30.000 pesos por vivienda y la provincia licitó por 38. Esos 8.000 pesos adicionales, por casi 2.000 viviendas, se convierten en 15 millones de pesos.
No pasaría eso, piensan los denunciantes, con un seguimiento honesto y austero de cada obra, como lo haría una comisión cooperadora. Pero sin contar las negociaciones no transparentes que podrían direccionar cada licitación, y por consiguiente podrían generar espacio para la corrupción, la dilación de los tiempos en la ejecución y los mayores costos por materiales y mano de obra serían fuertes agujeros por donde se colaría el presupuesto, con resultados negativos en cantidad de viviendas, y más espacios para la corrupción posible, dado que esos mayores costos son materia de negociación, sin competencia.
Algunos empleados afirman que entre los pasillos se habla de retornos, incluso de porcentajes, pero que les resulta imposible verificar porque el actual gobierno cerró el sistema de modo que muy pocas personas participan, y generalmente los que participan son personas con alguna simpatía político partidaria. Esto es materia para corroborar, lo cierto es que los empleados consultados piensan eso; para ellos, que conviven con el asunto, el sistema genera más dudas que casas y la sensación de los trabajadores, aunque no fuera más que una sensación, ya es noticia.
«Son decisiones de máximo nivel, entre el gobierno de la provincia y la cámara de la construcción, y entendemos que se cuela dinero precisamente por falta de transparencia; en otro sistema se conseguirían techos para miles de familias que viven hacinadas o pasan frío o se mojan con cada lluvia, y eso es lo que más irrita porque uno ve la necesidad y ve los manejos y se siente impotente», comentó un técnico, y admitió que él no tiene acceso a las licitaciones.
Señaló, en otro ejemplo, que en uno de los programas la nación confirmó 50 ó 55 mil pesos por casa y la provincia subió a 68 mil. Esos 15.000 pesos de diferencia, en un total de 5.000 viviendas, constituyeron un fondo de más de 75 millones de pesos. Ese es un indicio de que, con otra administración, el dinero podría aprovecharse en beneficio de muchísimas familias que hoy no acceden a una casa.
