“Gutiérrez afirma que la obra en el humedal de Salto Chico fue autorizada en diciembre de 2020 agregando luego ‘que el movimiento de tierras tapando el humedal fue previo a la autorización’. Se desprende, entonces, que lo primero fue sorpresivo, sin darle tiempo al municipio o repartición pertinente a detener esa actividad”, indicaron desde la Asamblea.
Pero, sostuvieron que las afirmaciones “se desvirtúan fácilmente al revisar el contenido de los expedientes Nº 1272136/19; Nº 664 (d)/20; Nº1289235/20; Nº 1289968/20; Nº1290511/20; Nº 1291441/20 en los que se trató la factibilidad de la obra, con posturas contradictorias entre las distintas oficinas del municipio y donde también se lee una ¿amenaza? proveniente del Sr. Núñez hacia el municipio y sus funcionarios”, indicaron.
“Mientras eso ocurría, ¿qué estaban haciendo los responsables de las distintas áreas que no veían lo que, a ojos vistas estaba ocurriendo en el lugar? Obviamente, por conversaciones mantenidas en su momento con algunos de ellos, sí sabían lo que estaba sucediendo. ¿Hacia dónde fueron las notas/expedientes elevados a los presidentes municipales Cresto y Francolini en 2019 y 2020, donde planteábamos tan llamativa intervención? ¿Por qué no se actuó antes, ejerciendo la autoridad que las normas le confieren al gobierno municipal? ¿Y las notas enviadas a los periódicos y publicadas en redes sociales con cierta frecuencia, tampoco fueron leídas por algún funcionario que pudiera trasmitirlo a la máxima autoridad?”, se preguntaron.
Más adelante, cuestionaron otra afirmación de Gutiérrez que calificaron “tan increíble como las anteriores”. “’El municipio impuso – a quien aparece como propietario- la obligación de restaurar o restablecer especies arbóreas y otra vegetación que era natural del humedal’. Solo eso. Con esa medida, aparentemente, se dio por terminado el asunto no sin antes hacer referencia, como al pasar, que entre los daños mencionados ‘se desnaturalizó el humedal’, modificando el curso de un arroyo. Por supuesto, no hizo referencia a que quien en primer lugar realizó ese desvío fue el propio municipio, ignorando en todos los casos, las ordenanzas existentes, previas al COU, que prohibían modificar los hilos de agua (informes y fotos en el expediente)».
Y luego remarcaron que la conclusión final del entrevistado fue que «’recuperar el humedal tal como estaba era imposible’ ignorando supinamente las disposiciones contenidas, entre otros, en los arts. 41 de la Constitución nacional y 22; 83; 84 y 85 de la Constitución provincial. Eso sí, aclara que se confeccionaron actas…”.
“En cuanto a la documentación presentada en septiembre de 2020 por el Sr. Núñez (Informe de Impacto Ambiental), en la nota no se emite juicio acerca de los mismos. De la lectura de los expedientes, se desprende que dicho Informe no es un EIA (Estudio de Impacto Ambiental). Podríamos seguir con las irregularidades detectadas en la documentación que conocimos, pero concluimos con estas inquietudes: ¿Qué razones o intereses, que desconocemos, provocaron esa falta de acciones pertinentes? Las autoridades del municipio habrían violado aquello que define a un sistema republicano como desconocer, reiteradamente, la solicitud de informes elevada por esta Asamblea, o la responsabilidad de los funcionarios y, en un momento en que el tema de los humedales está tomando enorme trascendencia, el desconocimiento de sentencias o posicionamientos tanto de organismos internacionales (Acuerdo de Escazú) como, recientemente, de la CSJN”, indicaron.
“Como última reflexión, y ante las dudas, apelamos a una máxima trasmitida como enseñanza por un destacado especialista en Derecho Ambiental: detrás de cada ataque a la naturaleza siempre hay un acto de corrupción. No podemos afirmar si esto es así pero igualmente nos preguntamos: con este incumplimiento permanente de las normas, ¿hacia dónde vamos?”, se preguntaron.
Por último, desde la Asamblea se pusieron a disposición de Gutiérrez para mantener un encuentro que clarifique todo lo expresado.
