Como se recordará la creación del banco fue un despacho producido por la comisión de Producción y Trabajo y su texto determina que «El Estado creará un Banco de la Provincia para contribuir al desarrollo de sus sectores productivos y canalizar el ahorro público y privado, por medio de una política crediticia que aumente el potencial económico de la provincia y de sus habitantes, con sentido de justicia social.
Será banco oficial y agente financiero del Estado, en la medida que su desarrollo lo permita y podrá serlo de los municipios que lo requieran. La Ley fijará su carta orgánica, garantizando en sus órganos directivos la participación democrática de los sectores de la producción, de los sectores sociales y de sus trabajadores.
El Estado será siempre el accionista mayoritario, sin perjuicio de la participación privada en la formación del capital. En ningún caso se podrá disponer la privatización de sus acciones»
En cuanto al derecho de acción por omisión, que también vuelve en segundo giro, su redacción establece que «Si esta Constitución, una ley o una ordenanza dictadas en su consecuencia, otorgasen algún derecho que dependiera para su concreción de una ulterior reglamentación y ésta no se dictara dentro del año de la sanción de la norma que la impone, el interesado podrá demandar ante el Superior Tribunal de Justicia la condena de la autoridad renuente, a dictar la norma omitida. Ante el incumplimiento del obligado, el tribunal integrará la misma o, de ser ésta de sanción imposible y ordenará, si correspondiere la indemnización al demandante del daño resarcible que sumariamente acredite.
Si la autoridad omitiere un deber constitucional indispensable para el regular funcionamiento del Estado, cualquier legitimado por la ley podrá, por la vía prevista en el apartado anterior, demandar se condene al funcionario remiso a cumplir la conducta debida o a que, en su defecto, la realice directamente el tribunal.»
Además, los convencionales volverán a tratar el ingreso de los Registros Civil y de la Propiedad a la Justicia tema que fue reconsiderado esta semana en comisión, y sobre el cual finalmente se convino remitir los expedientes, como ya ha sucedido con otros temas, a la Oficina de Sugerencias Ciudadanas de la Cámara de Diputados «por no resultar conveniente resolver las propuestas traídas en el ámbito constitucional» dijeron los convencionales en reunión. Cabe recordar que desde la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) y desde el Superior Tribunal, también se hizo conocer públicamente la inconveniencia de una medida de estas características.
De todos modos, también conformará el temario el pedido de los Jefes y Empleados del Registro Público y del Registro Civil de Concordia, por el que instan a la Convención la aprobación de la incorporación de los registros al Poder Judicial, que como mecánica de trabajo, deberá sumarse a los antecedentes ya existentes sobre el tema.
A su vez el pleno tratará, el dictamen de la Comisión de Poderes y Régimen Electoral, por el que se le agrega un texto al inciso 13) del Artículo 81 (Atribuciones del Poder Legislativo-Cuentas de Inversión-), e incorporar un dispositivo referido a la potestad de la provincia en materia tributaria, tema en el que se han presentado despachos en mayoría y minoría.
Finalmente, ingresará al pleno una comunicación oficial del Presidente Municipal de Paraná, José Carlos Halle por el que remite a la Convención copia de la Resolución Nº 670/08 del Departamento Ejecutivo, autorizando la colocación de una placa de bronce en la Plaza 1º de Mayo, en homenaje al «Federalismo entrerriano y sus caudillos», conforme lo ha interesado la Convención.
