“Con ello, pretender diluir el carácter atroz y genocida de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina. El efecto buscado es: si lo que pasó durante la dictadura no fue tan grave, entonces puede volver a ocurrir”.
“Aunque consideramos que debatir el número de desaparecidos es caer en la trampa de los que apuestan a la impunidad, recordamos, por si acaso hace falta, que es imposible conocer la cifra exacta de víctimas del terrorismo de Estado, justamente, porque éste se ejecutó en el marco de una organización clandestina permanente, ocultamiento de pruebas y un pacto de silencio e impunidad, al tiempo que el terror ha impedido a muchos denunciar el asesinato o la desaparición de sus familiares”.
“Las declaraciones de Lopérfido no serían tan preocupantes si no se dieran en el actual contexto de embestida sistemática en contra de la lucha por memoria, verdad y justicia, en contra de los juicios a los genocidas militares y civiles y en contra de la legitimidad de la organizaciones de derechos humanos. El gobierno que encabeza Mauricio Macri —presidente que se negó a recibir a Estela de Carlotto y el conjunto de los organismos de DDHH— ya ha dado muestras suficientes de su propósito de retroceder con las conquistas de los últimos doce años, avanzar en el ajuste y la distribución regresiva del ingreso, reprimir y criminalizar la protesta, encarcelar a los luchadores, demonizar a la militancia, reflotar la teoría de los dos demonios”.
“Esa embestida ya no es solamente discursiva; también se traduce en prácticas concretas llevadas a cabo desde el Estado. No solo hay un funcionario porteño que busca ablandar el terrorismo de Estado, atacar la memoria de los compañeros y deslegitimar la lucha que tiene como emblemas a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; sino que también meten presa a Milagro Sala por sostener los reclamos de su organización, reconocen a las entidades que defienden a los genocidas y los reciben en el Espacio para la Memoria (ex ESMA), recortan recursos y despiden 500 trabajadores en programas claves para las políticas de derechos humanos como el programa Verdad y Justicia y el Centro Ulloa, reprimen a quienes ejercen su derecho de protesta, se niegan a abrir el Congreso de la Nación, modifican y derogan leyes por decreto, autorizan a derribar aviones ‘sospechosos”’…
“Todo esto y mucho más en menos de dos meses de gobierno, con el claro objetivo de volver a construir un país para pocos y relegarnos a las grandes mayorías a la miseria o a la represión”.
