El adelantamiento de los comicios, aprobado por el Congreso a instancias del Poder Ejecutivo, ha provocado problemas prácticos en la justicia electoral, que corre contra reloj para confeccionar los listados con los más de 26 millones de ciudadanos en condiciones de sufragar en junio.
Los datos surgen de un relevamiento realizado por La Nacion entre las autoridades judiciales de los principales distritos del país. El nuevo calendario electoral establece que aquellos que hayan hecho el cambio de domicilio después del 28 de diciembre del año pasado no estarán incluidos con los nuevos datos en los padrones. Los que cumplieron 18 años hasta el día de la elección estarán habilitados automáticamente.
El principal inconveniente se da en la provincia de Buenos Aires al punto que la Cámara electoral provincial le trasladó el viernes último al gobernador Daniel Scioli sus inconvenientes. El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia provincia, Luis Genoud; el presidente de la Cámara Electoral provincial, el juez federal Manuel Blanco, y el juez de la Cámara Federal de La Plata, Antonio Pacilio, le dijeron a Scioli, al vicegobernador Alberto Balestrini y al jefe de gabinete provincial Alberto Pérez que sin recursos no llegaban a tiempo a incorporar al padrón los datos de 2.000.000 de personas que hicieron cambios de domicilio.
El otro inconveniente que le plantearon tiene que ver con un enorme galpón en el que se guardan las 52.000 urnas de la provincia, que tiene goteras y las chapas voladas y agujereadas por el granizo (ver aparte). Las autoridades prometieron solucionar este problema a tiempo.
En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, el problema está en vías de solución, pero la jueza federal María Servini de Cubría debe procesar en 15 días 90.000 «novedades», es decir, fichas de los electores con cambios a ingresar en el padrón electoral.
En Tucumán, el secretario electoral del juzgado federal, Rogelio Rodríguez del Busto, se mostró preocupado. «Necesitamos actualizar 100.000 novedades en el padrón y para eso necesito por lo menos cuatro meses con horas extras», afirmó. De todas maneras, consideró que si los elementos necesarios son suministrados «habrá que hacer la elección igual».
En San Luis, responsabilizan por las demoras al Registro Nacional de las Personas. El prosecretario de la justicia electoral local, Guillermo Pérez, explicó que aún están «recibiendo actualizaciones de los jóvenes empadronados en 2007, debido al atraso que las anteriores gestiones del Renaper generaron».
En la Dirección Nacional Electoral, que es órgano del Poder Ejecutivo del cual depende el Renaper, dijeron a LA NACION que ese organismo se está poniendo al día con la actualización de datos. Pero no brindaron precisiones. El mayor problema radica en que las fichas con cambios de domicilio en algunos casos están digitalizadas y en otros, en papel, por lo que la actualización de datos sería más lenta.
En Entre Ríos, el secretario de la Junta Electoral Nacional, Gustavo Zonis, afirmó: «Estamos trabajando con 36.000 comunicaciones del Registro Nacional de las Personas, con sede en Buenos Aires, que llegaron tardíamente. De ese número, tenemos procesadas 17.000 comunicaciones. Esperamos poder incorporar el resto en el escasísimo plazo que nos queda».
El desafío del distrito entrerriano es llegar con la tarea en tiempo y forma. «Estamos trabajando a brazo partido, por propia voluntad, en horario corrido», dijo Zonis.
Complicaciones
«Esperamos llegar, y creo que vamos a poder cumplir, pese a todo. Y esperamos poder hacerlo a pesar de que el Registro Nacional de las Personas mandó cajas [con documentaciones de identidad] que debían llegar en noviembre, recién en febrero o marzo. En este esquema, un cronograma adelantado cuatro meses no hace más que complicar», indicó Zonis.
En Neuquén, en la Secretaría Electoral de la justicia federal no hay temor a no llegar a armar los padrones. En cambio, advierten sobre la dificultad en la entrega de DNI. Calculan que unas 4500 personas podrían quedar fuera de las elecciones por demora en la entrega de los nuevos documentos.
En Salta, Adolfo Aráoz Figueroa, secretario del juzgado federal con competencia electoral, señaló que todavía no se nombró al personal adicional que se contrata cinco meses antes de los comicios. Explicó que suman 55.000 los trámites pendientes, pero dijo que corresponden a 2006, 2007 y 2008 porque había trabajo atrasado. También en Córdoba el adelantamiento de comicios producirá algunos inconvenientes en la actualización de los padrones, según dijo Carlos Diers, secretario electoral.
En Mendoza, la Secretaría Electoral trabaja en la incorporación de unas 60.000 novedades para actualizar el padrón, según señaló el juez federal con competencia electoral Walter Bento.
