Consultado acerca de si es un «cachetazo» para el Ministerio de Trabajo la detección de cientos de casos de trabajadores rurales en condiciones de esclavitud y sometidos a la servidumbre por distintas empresas, el funcionario respondió: «Para nada».
«En este país ha habido 30 años de degradación del trabajo y en siete no se da vuelta esa situación, pero ya empezamos y todos los días avanzamos algo. Además, lejos de ser una bofetada, es muy bueno que se pueda ver, porque esa es nuestra preocupación desde hace años y porque sabíamos que en algún momento se iba a convertir en un grito social. Nosotros pusimos en marcha una comisión nacional de erradicación del trabajo infantil en 2004, cuando nadie hablaba del tema», añadió el ministro de Trabajo.
Sobre la problemática de explotación de trabajadores en el campo, Tomada puntualizó que «esta ha sido una práctica habitual del trabajo rural que se fue consolidando con los años, naturalizando la servidumbre. Se trata de prácticas vinculadas al trabajo migrante, que ha sido tremendamente desprotegido en el país por años. Pero a partir de 2003 se puso el trabajo en negro arriba de la mesa, lo mismo que el infantil y el esclavo», destacó.
Por otra parte y sobre las declaraciones de un representante de Nidera -una de las empresas vinculadas al trabajo rural ilegal- que dijo que aplicaban los estándares de la industria, el ministro aseveró que «eso es la naturalización de la servidumbre».
«Eso es, de nuevo, una naturalización de la servidumbre y buscar que los demás hagamos lo mismo. Hay que tener siempre en cuenta que actualmente el trabajo rural, al igual que el trabajo doméstico, no tienen diferencias con cualquier otro empleo, son como cualquier otro. El trabajador tiene sus licencias, sus derechos, sus hijos, vuelve a su casa a dormir y descansa», remarcó.
Al salir al cruce de un editorial de ayer del diario la Nación, donde se afirmó que «no es correcto hablar de esclavitud» entre los cientos de trabajadores rurales (algunos niños también) detectados en distintas empresas de la provincia de Buenos Aires, sin agua potable, sin horario de trabajo, con alimentos en mal estado y trabajando de sol a sol, dijo: «Ese editorial me sacó».
«Me sacó ese editorial hablando de dejar de lado las connotaciones ideológicas y políticas, como si en este tema no las hubiera. Para empezar, la ley que rige la actividad es de la dictadura, que la puso con una clara connotación ideológica de ataque al derecho laboral. Además, quien organiza la producción y establece sus niveles de rentabilidad lo hace con un claro criterio político. Deberían tener otro pudor», añadió Tomada.
Acerca de los porcentajes que alcanza el trabajo en negro en la actividad rural, señaló que «cuando ingresamos al gobierno, el trabajo en negro a nivel nacional era superior al 50%, y en el campo llegaba, en ciertas zonas y actividades, al 85 o 90%».
«Había desaparecido la inspección del trabajo, apañada por una legislación vigente, que viene desde la dictadura, para tener trabajadores con inferioridad de derechos. Nosotros restablecimos las inspecciones de trabajo. Cuando asumimos, teníamos 21 inspectores: menos de uno por provincia. Ahora son 453, que hemos capacitado y preparado para su tarea», destacó el funcionario.
