Entre las causas más recurrentes a la hora de decidirse a acudir a algún sistema de protección, llámese de seguridad electrónica o física, resaltan los intentos de robos, vecinos o personas cercanas que sufrieron el ingreso a su domicilio con el consecuente asalto, o porque habitan en zonas donde los delitos han aumentado. El común denominador es que nadie recurre por mera prevención.
De acuerdo a información brindada por la División Leyes y Contravenciones de la Policía de Entre Ríos, en la provincia hay 14 agencias de vigilancia privada habilitadas, que se rigen por el Decreto provincial 2940/01. A diferencia de las empresas que sólo ofrecen la instalación de la alarma, que no están alcanzadas por la norma, las primeras realizan el monitoreo -para lo cual necesitan también la autorización de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)- u ofrecen el servicio de guardia física.
Según el encargado de la sección Vigilancia Privada de la Policía, subcomisario Sergio Ceballos, “lo más requerido hoy en día son las alarmas”, a diferencia del monitoreo o la contratación de personal que se encargue de la protección, lo cual fundamentó en la accesibilidad que ofrecen los costos.
En esa línea, el subcomisario apuntó una deficiencia en el decreto provincial, al no contemplar otro tipo de empresas, como las que ofrecen la instalación de cámaras de circuito cerrado. Y remarcó que existe un proyecto en la Legislatura en miras de actualizar la norma.
Destacó, sin embargo, un aumento de las personas que se suman a los beneficios que ofrecen las agencias, teniendo mayor incidencia en localidades como Paraná, Concordia y Gualeguaychú, lo cual responde a la densidad de población.
Entre los empresarios del rubro seguridad de Paraná consultados por RecintoNet los montos que manejan respecto a la instalación del servicio de monitoreo de alarmas varían en un espectro de 1.500 a 2.500 pesos, como promedio de un buen sistema.
Cabe destacar que en base a un relevamiento previo del comercio, hogar, empresa, se determina el equipo adecuado a cada necesidad y los costos finales.
En tanto, los costos que insume una vigilancia física, según el subcomisario Ceballos, se acercan a los 15 pesos por hora por persona. Esto establecería un mínimo cercano a 11 mil pesos por una custodia de 24 horas durante un mes. En contraposición, un servicio de monitoreo mensual promedia los 60 pesos.
Respecto al interés en la asistencia, se marcó desde las empresas de seguridad electrónica locales que se vio incrementado en un 20 a un 30 por ciento desde el año pasado a la fecha. Y quienes finalmente invierten son generalmente comercios, ya que al tratarse de cifras elevadas, los particulares optan por salidas más económicas, como colocar rejas o cambiar cerraduras.
El subcomisario Horacio Cabaña, de la División de Robos y Hurtos, apuntó a RecintoNet que “no se ve un aumento del delito” en lo que va del año, en comparación con igual período de 2009. Sin embargo, desde su óptica, “hubo una mutación” del mismo.
“Ahora lo que más se ve es el arrebato, principalmente en las paradas de colectivos, los robos en moto, y en tercer lugar el asalto con armas de fuego”, explicó. Pero dejó en claro que “delitos graves o asaltos grandes no ha habido”, lo cual contrasta con la sensación latente entre los ciudadanos, que se refleja en el aumento de las consultas para “contratar” seguridad.
El brutal ataque a Carolina Píparo, la mujer embarazada que fue baleada por delincuentes a la salida de una entidad bancaria en La Plata, agilizó la aparición de proyectos para evitar la proliferación de esta modalidad delictiva.
En ese marco, el diputado denarvaísta porteño Daniel Amoroso propuso la creación de “zonas de privacidad” en todos los bancos de la ciudad de Buenos Aires, entre los clientes y las cajas de atención al público, a fin de reducir el riesgo de que sean marcados y puedan convertirse en víctimas de hechos similares al ocurrido en la sucursal del Santander Río.
En Entre Ríos, varios municipios trabajan la instalación de cámaras de seguridad. Gualeguaychú, Crespo, Paraná y Concordia serían algunas de las ciudades cuyos proyectos terminaron la etapa de análisis y están aprobados.
