Uruguay fue el primer país en acudir al tribunal, y acusó al gobierno argentino de permitir los bloqueos y que esas protestas -lideradas en especial por los asambleístas de Gualeguaychú- le causaron pérdidas por más de U$S 400.000.000 a la economía del país.
La Argentina, en cambio, argumentó que nunca respaldó los cortes de ruta y que su política apuntó a disuadir a los manifestantes. Además, negó que Uruguay hubiera sufrido pérdidas por la interrupción del tránsito.
Pese a que en la demanda no se plantean pedidos de resarcimiento económico, el veredicto tendrá un innegable peso político, según creen en los dos gobiernos. Para Uruguay, sobre todo, un fallo favorable podría servirle para prevenir nuevos bloqueos de los puentes durante el próximo verano, en la temporada alta del turismo.
