Estos antecedentes no sólo siguen refutando la tesis según la cual hoy estamos desempolvando un asunto sobre el cual “jamás se ha dicho nada en 34 años”. Muy por el contrario, una parte fundamental de lo que se dice hoy ya se expresaba en los años siniestros de la dictadura. Y el dato crucial es que lo que entonces se profetizaba en términos de riesgos para la libertad de prensa es lo que se proyectó a nuestro presente: el mapa de la diversidad y el federalismo informativo (que la oposición dice defender cuando resiste la regulación de la industria del papel) es el que se vio afectado por la vía de la posición monopólica en el manejo del papel. La venta de numerosos diarios del interior bajó y cambió el ranking de los más vendidos. Hoy La Voz del Interior–otra pieza del sistema Clarín– encabeza ese ranking en un contexto de concentración que ha merecido menos atención que la del espectro radioeléctrico. ¿Qué tipo de “federalismo” es aquel que, con cabecera en Buenos Aires, sostiene medios en las provincias junto con una vasta constelación de suplementos zonales?
Quien esto escribe, al iniciar en 1998 la investigación para el libro Decíamos ayer. La prensa bajo el Proceso, comprobó con asombro de qué manera La Prensa, en plena dictadura, repartía broncas estentóreas contra la operación Papel Prensa. Aún hoy resulta llamativo que en aquel contexto de terror, de apoyo macizo de los diarios a la dictadura y de silenciamiento sistemático sobre las violaciones a los derechos humanos, las empresas periodísticas sí pudieron hacerse un espacio para dirimir sus internas. Irónicamente, sucedía como si se tratara del único debate público generado en los años del genocidio.
Lo que volvió. La respuesta a las objeciones de entonces de La Nación y Clarín es en alguna medida el célebre comunicado publicado en la portada de ambos medios –exactamente como lo hicieron semanas atrás con el título “El que controla el papel controla la información”–, el que defendía a las empresas diciendo que la operación se hizo “con el consentimiento previo y posterior del Estado a través de la más alta expresión de su voluntad, que consta en acta de la Junta Militar”.
Aquel ciclo de discusión en dictadura sobre Papel Prensa pareció cerrarse simbólicamente el 1º de diciembre de 1983, cuando Jesús Iglesias Rouco (que no era ni progre, ni nac & pop ni zurdo) escribió en la portada de La Prensa estas palabras: “La grave situación financiera en que se encuentra el periodismo independiente constituye sin duda uno de los flancos débiles del régimen constitucional, sobre todo porque buena parte de la clase política no parece valorar aún el lugar que tal prensa ocupa en la defensa de las libertades y de la conciencia pública”. La Prensa aún sangraba por la herida e Iglesias Rouco denominaba como “prensa independiente” a los diarios “no sujetos a las estructuras económicas y políticas totalitarias de este país…, a la herencia del señor Martínez de Hoz y a empresas mixtas de raíz paraestatal como Papel Prensa”. Un planteo parecido acaba de hacer incluso La Capital de Rosario, perteneciente nada menos que al Grupo Vila, que publicó el domingo pasado un editorial contundente, explicable una vez más desde las lógicas empresarias. Aludiendo al proyecto oficial de regulación del papel, el diario dijo: “La lógica que alimenta el planteo del Gobierno es férrea: se trata, simplemente, de restablecer el equilibrio perdido, con el loable objetivo de evitar que los monopolios fijen a voluntad el valor del vital insumo que constituye el papel, Y es que sin él, sencillamente, no hay diario posible”.
Eso es exactamente lo que decía La Voz del Interior muchos años antes. El 11 de marzo de 1979, en su página 26, ese diario publicaba estos párrafos: “La flamante fábrica Papel Prensa SA que fue del Grupo Graiver y pasó luego a una sociedad entre el Estado y tres diarios porteños, exige que se aumenten los gravámenes de papel importado, lo que obliga a consumir papel de dicha fábrica, y que se establezcan cuotas de consumo para los diarios. En pocas palabras, se pretende un monopolio, subiendo artificialmente el precio del papel (…) Todas estas cuestiones movilizaron a Adepa para impedir que se concretara tamaño atentado contra la libertad de expresión y de difusión (…) La firmeza de Adepa (….) motivó que renunciaran (a la entidad) los tres diarios porteños dueños de la fábrica (…) Se trata, en suma, de la avidez metropolitana que pretende ahogar al periodismo de todo el país”.
La referencia a Adepa se complementa con lo publicado por el mismo diario el 22 de marzo del ’79 con el título “Solicitan nulidad del contrato firmado por el Estado y Papel Prensa”. Junto a Adira (la asociación de los diarios del interior), Adepa solicitó por entonces “al ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, la anulación del contrato firmado entre el Estado nacional y Papel Prensa, al que atribuyen violaciones a principios jurídicos y constitucionales que importan un ataque a la libertad de expresión”.
Incluso antes, el 11 de diciembre de 1978, el diario decía: “Esta situación de privilegio en la que se ven colocados los diarios consocios del Estado es la resultante final de todo un proceso signado por hechos fuertemente generadores de suspicacias, de dudas”. Este y varios editoriales de La Voz del Interior fueron republicados el 31 de agosto pasado por La Mañana de Córdoba, que se preguntó por qué hoy La Voz del Interior silencia el asunto. La respuesta previsible de La Mañana es la pertenencia de ese diario a Clarín.
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