Ante las críticas formuladas hacia la norma provincial, Halle explicó que no se trata de una ley sobreabundante sino que viene a plasmar una práctica consuetudinaria de los tribunales, cuyos integrantes se venían excusando de entender en causas donde se ventilaban cuestiones salariales de los propios magistrados, hasta que el propio STJ se los impidió. En ese sentido, citó el antecedente doctrinario del alto cuerpo en la causa “Ahumada”, donde “se rechazó la excusación y se resolvió que los jueces pueden fallar por sus salarios”. Y agregó que la reforma introducida por la 9.571 “concuerda con el concepto de juez imparcial, tanto el que se maneja en sentido vulgar como el que recepcionan las convenciones internacionales”.
Más adelante, Halle sostuvo que “en este Gobierno ha sido una constante el respeto a la división de poderes”. Y recordó que “ha sido esta gestión la que, teniendo oportunidad de ocupar discrecionalmente más de veinte vacantes en los Tribunales creó el Consejo de la Magistratura, una forma de autolimitación del Gobernador, que resolvió jerarquizar al Poder Judicial a través de una designación de sus integrantes más racional y transparente”.
Por eso consideró que “nada autoriza a sostener que este Gobierno no respeta o intenta avasallar institucionalmente al Poder Judicial.
Por último, el funcionario lamentó que las críticas a la norma se produzcan en momentos en que “el Ejecutivo está haciendo un gran esfuerzo para arribar a un acuerdo con la Asociación de Magistrados y Funcionarios y la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER). En este marco de búsqueda de una solución consensuada hay manifestaciones que pueden ser inoportunas” expuso.
