Por cadena nacional, el presidente anunció que terminaría con la triple alianza del Lawfare: tribunales federales porteños, los gastos reservados de inteligencia y la pauta publicitaria que encubre premios a las operaciones mediática. La reacción del “sótano de la democracia” (Alberto dixit) no se hizo esperar. El miércoles por la mañana, en su primer día de trabajo, hackearon la cuenta de twitter de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, una antropóloga que se propone reencauzar a las fuerzas de seguridad en el camino de la profesionalización y el respeto a los Derechos Humanos. El detalle: la anulación de “gastos reservados” involucra a los espías de la AFI, pero también a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

No hay datos que unan el cyber-ataque con la reforma en marcha, pero el caso muestra indicios inquietantes. La cuenta de Frederic estaba inactiva y “cerrada” desde comienzos de diciembre. De modo que el hackeo no sólo se introdujo en la cuenta, sino que “resucitó” el contenido que se suponía borrado.

¿Acaso la cuenta de Frederic había sido intervenida y monitoreada  antes de su nominación? ¿La ministra -una especialista que lleva años trajinando cuarteles y comisarías forjando el modelo de seguridad democrática que se propone aplicar- venía siendo “caminada” por los atacantes? ¿El hackeo fue una advertencia o un fin en sí mismo? La ministra ya hizo la denuncia judicial y la investigación que debiera resolver estas y otras incógnitas ya está en marcha. Pero una cosa resulta evidente: Frederic no es un blanco cualquiera. La ministra, junto al secretario de Asuntos Estratégicos y posible interventor de la AFI, Gustavo Béliz, y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, tienen la misión de limpiar la ciénaga de la patria. Una tarea sensible que, si va en serio, requerirá de la política mucho más respaldo que un aplauso de pie.