Los hipermercados de Rosario radicados en grandes superficies deberán cerrar los domingos para descanso de sus empleados en base a una disposición aprobada en el Concejo Municipal local, al tiempo que las principales cadenas de comercialización salieron a anunciar que cuestionarán esa medida ante la justicia.
La medida, impulsada por el gremio mercantil local, fue cuestionada por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) al entender que restringirá el nivel de comercialización de esas empresas.
Sinmonetti dijo que la repercusión más importante tiene lugar en Rosario donde hay presencia de las cadenas más fuertes del sector como Coto, Carrefour, Changomas o Walmart. Pero señaló que hay un conflicto en esa ciudad dado que a los shoppings no alcanza la medida dado que su superficie es menor a 1200 m². “Es una buena medida que puedan tener los domingos los trabajadores. Como siempre hay algún conflicto cuando empiezan pero después se ordena todo”, mencionó.
De hecho, la firma Coto ya despidió a 50 trabajadores al aducir que la adhesión a la ley provincial –que se aprobó a las 19.30 y recién comenzará a regir en julio próximo- la obliga a desprenderse de personal. Y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) afirmó que la medida aprobada hoy provocará “350 despidos inmediatos”, que representan “el 20 por ciento del personal”.
En Concordia no se llegó a esa instancia dado que ni siquiera alcanzó a ponerse en práctica un solo domingo. En noviembre de 2005, en el Centro de Empleados de Comercio, autoridades gremiales, el Obispado y los propietarios de 19 comercios firmaron un acuerdo para cerrar los días domingos. Roberto Niez, presidente del CICS en ese entonces (Centro de Industria, Comercios y Servicios), señalaba que ese era un puntapié inicial como para empezar a trabajar y a dialogar con los distintos actores de la comunidad para lograr este cierre dominical. Pero había una gran silla vacía en la mesa: la que correspondía al hipermercado Norte. Todos los actores coincidían en que no estaban dispuestos a concretar el cierre si el hipermercado no hacía lo mismo. “Nadie está en condiciones de perder venta en detrimento de otro”, expresaba un comerciante.
Hubo varias marchas al hipermercado durante 2006 de parte de integrantes del Centro de Empleados de Comercio y empleados de distintos supermercados que adherían al cierre, quienes se congregaban en los accesos al hipermercado Norte, para distribuir folletos a los clientes invitándolos a que realicen sus compras durante la semana. Al principio no permitían que ingresen con los automóviles pero luego les franqueaban el paso después de algunos incidentes. Pero finalmente la campaña resultó esteril.
Siete años más tarde, el 19 de diciembre de 2013, el Concejo Deliberante aprobaba una ordenanza que imponía el descanso dominical para los empleados de Comercio. En tal sentido, cabe destacar que no se votó el cierre de los comercios sino que será el día de franco para el personal en relación de dependencia. “Quien tenga un comercio y lo atienda personalmente podrá abrir, indicaba el entonces presidente del bloque de concejales del FPV, Diego Lascurain.
La iniciativa no alcanzó a ponerse en práctica ni un solo día. Al mes siguiente, el 21 de enero de 2014, el Ejecutivo municipal consideró pertinente un pedido en conjunto del CEC (Centro de Empleados de Comercio) y el CICS (Centro de Comercio Industria y Servicios) de prorrogar la entrada en vigencia de la ordenanza y esa mañana dicto un decreto donde dispone la suspensión de la aplicación de la norma. El pedido fue realizado en forma conjunta por ambas entidades porque alegaron que no hubo tiempo suficiente de publicitar la ordenanza. El Ejecutivo Municipal consideró necesario dejar transcurrir un lapso "prudencial para que se posibilite la puesta en marcha de la ordenanza". Esa situación se extendió indefinidamente en el tiempo.
Carrefour ingresó un recurso de amparo en Tribunales para evitar el cierre. Además desde esa empresa indicaron que el Concejo no tiene competencia en un tema que compete al Congreso de la Nación. Y citaron casos como Río Cuarto o Venado Tuerto donde la Justicia rechazó medidas similares y el municipio debió hacer frente al pago de daños y perjuicios reclamados por las empresas.
Al recordar ese antecedente, Simonetti recordó que la ordenanza quedó sin efecto porque iba a sufrir las consecuencias legales de no tener sustento en una ley provincial. “Quedo suspendida porque el carácter legal hacía que estas empresas pudiesen ir contra el municipio. Ante ese riesgo dejaron suspendida la ordenanza”, dijo.
En cambio, sostuvo que de contar con una ley provincial la situación sería diferente. Una vez sancionada en la Legislatura, cada ciudad adhiere posteriormente. “Hay un sustento muy fuerte que es la ley provincial”, indicó.
Si bien de vez en cuando hay conversaciones de tanto en tanto sobre el tema, Simonetti dijo que es una “ilusión” pensar que se puede avanzar en esa dirección solo con una ordenanza. “Nosotros seguimos con la misma posición pero hace falta una ley. Veremos este año que se puede hacer con respecto a eso”, dijo.
