Con las primeras reacciones locales ante la crisis mundial, el 28 de noviembre pasado, el Ejecutivo giró a la Legislatura tres iniciativas, dos de las cuales tendrán media sanción en la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
Se trata, por un lado, de una serie de modificaciones al Código Fiscal, con relación a la aplicación del Impuesto a los Sellos y el Impuesto Automotor; y, por el otro, de una nueva rebaja al aporte patronal al Fondo de Integración de Asistencia Social (Ley 4035) que pasará a ser del 1,5 % del salario, apenas la Cámara alta convierta en ley el texto.
Más allá del contexto de crisis, el Gobierno ha impulsado de modo continuado la reducción de este aporte de las empresas en la provincia por cuanto se lo ha considerado un contribución sobre la masa salarial con “efectos distorsivos” para la economía por cuando no se aplica en otras jurisdicciones provinciales.
Así, el índice, que era del 3 % ya tuvo dos rebajas, en enero de 2007 y en julio de 2007, cuando pasó ser, primero, del 2,5 % y luego del 2 %.
Según se explicitó en los fundamentos del proyecto de ley, que tendrá hoy media sanción tras el dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el objetivo es “reducir los costos laborales y buscar, de tal forma, el sostenimiento del empleo en la provincia”.
El texto, en su artículo 1º, dispone “la reducción de la alícuota fijada para el aporte patronal del Fondo de Integración de Asistencia Social” que quedará “establecida en el 1,50 %, aplicable por el período de seis meses calendarios” a partir del mes siguiente a la entrada en vigencia de la norma. En el artículo 3º se faculta al Ejecutivo a prorrogar, por igual plazo, este beneficio.
Pero además, y con relación al objetivo de apuntar al blanqueo de trabajadores, el texto prevé, en su artículo 2º, “la exención por el término de un año, a contar desde la registración de la relación laboral, del Aporte Patronal del Fondo de Integración de Asistencia Social (…) para las altas de nuevos puestos de trabajo que se realicen, en tanto impliquen un incremento de la nómina de empleados, respecto de la nómina existente al 31 de diciembre de 2008”.
Finalmente, en el artículo 4º se adoptan una serie de medidas, a nivel provincial, en el marco de la Ley 26.476 (conocida como la ley de repatriación o blanqueo de capitales) en lo que refiere al registro de nuevos empleos.
Así, se prevé “la liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza, correspondientes a dicha regularización (de empleo), previstas en toda norma de aplicación provincial, firmes o no y que no hayan sido pagadas o cumplidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.
Por otro lado, se declara extinta toda deuda “originada en la falta de pago de aportes y contribuciones del Fondo Integración de Asistencia Social Previsto por la Ley Nº 4.035”.
Vigencia
La medida que se avalará hoy en Diputados no implicará una reducción del Fondo de Integración de Asistencia Social ni de la cantidad de beneficiarios del sistema.
Este fondo, creado por ley del 28 de febrero de 1954, previó desde entonces la asignación de pensiones a la ancianidad, la invalidez y la mujer soltera con hijos a cargo, siempre que no cuenten con otro beneficio del tipo que supere el monto de la pensión.
Según precisó a El Diario el director de Integración Comunitaria de la provincia, Marcelo Báez, el sistema fluctúa permanentemente en la cantidad de personas a las que se asigna el beneficio. El número varía por fallecimientos, acceso a un puesto de trabajo o a una mejor pensión como la que otorga la Nación o por la permanente alta de nuevos beneficiarios.
Además del aporte patronal, todo trabajador aporta el 0,6 % de su salario con destino a ese fondo, previsto en la Ley 4035. Actualmente, la pensión está fijada en 200 pesos por mes, más 14,20 pesos que es un abono que se paga a Sidecreer, por cada beneficiario, con el fin de ofrecer prestaciones mínimas en materia de salud.
El funcionario informó que en el último mes (febrero), el sistema insumió algo más de 2 millones de pesos (2.243.979 pesos) para pagar la pensión a 11.035 beneficiarios. De ese total, 156.697 pesos correspondieron al pago del abono a Sidecreer.
