“Si ellos están dando el ejemplo y haciéndose cargo de lo que la ONU escribió, se firmó y se convalidó. Esto debe ir bajando a las provincias. Está la ley que invita adherirnos y es lo que pretendo que se haga”, añadió.
En la actualidad, un concejal, el viceintendente o el intendente cuando asumen tienen un plazo de 30 días para hacer una declaración jurada patrimonial pero esta llega en sobre cerrado y queda en guarda en el municipio en tanto y en cuanto no haya acciones judiciales que necesiten obtener esa información. “Si un periodista o algún vecino de la ciudad quiere saber cual es el patrimonio de alguno de los concejales o del intendente o del vice o los principales funcionarios, esta información no es accesible”, indicó el edil.
El proyecto que presentó se basa en la ley nacional Nº 25.188 de Ética Pública sancionada en 1999 cuya implementación fue modificada en 2013 por la ley Nº 26.857. Y en la Convención de la ONU contra la Corrupción firmada en 2003 a la cual adhirió Argentina por una ley (º 26.097) sancionada en 2006 que establece como finalidad promover la obligación de “rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos”.
“Incluso la ley nacional Nº 26.857 invita a provincias y municipios a adherir y explica el formato en el cual la presidenta, el vicepresidente y los ministros hacen sus declaraciones juradas patrimoniales todos los años y son públicas y accesibles a la comunidad”, resaltó el edil. “Todos los años nos enteramos cuanto evoluciona o involuciona el patrimonio de los funcionarios públicos enmarcados en todas estas normas internacionales y nacionales de las cuales he estado hablando”, señaló.
“El proyecto apunta a reforzar la transparencia y la ética y a acercar más al funcionario político local con el ciudadano para que los ciudadanos conozcan más a sus funcionarios”, indicó.
De aprobarse, estarían obligados a presentar su declaración jurada: el intendente, el presidente del Concejo y viceintendente, los concejales, los secretarios del Ejecutivo, los secretarios del Concejo, los subsecretarios del Ejecutivo, el tesorero y subtesorero, directores del Ejecutivo, el delegado del intendente ante Obras Sanitarias, los jueces de Faltas, los secretarios del Juzgado de Faltas y los miembros del Tribunal de Cuentas municipal. “Son más de 30 personas”, indicó.
Las declaraciones deben contener activos como bienes inmuebles y muebles registrables, fecha de adquisición, precio de adquisición y valor estimativo al momento de la declaración, así como también saldos acreedores de cuentas bancarias, créditos y participaciones en sociedades comerciales. También deberá detallar los pasivos como datos personales de los acreedores, montos y condiciones de las deudas.
En el artículo 4º se señala que los funcionarios deben formular su declaración jurada “ante escribano público con registro en Concordia, quien labrará un acta en la que conste el cumplimiento de los términos de la presente ordenanza con copia de la misma para ser remitida a la Coordinación Legal y Administrativa, dependiente de la secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, del Ejecutivo”.
Las declaraciones son de carácter público. “Toda persona podrá acceder a tal información en forma gratuita mediante el procedimiento que se reglamente para su libre acceso”, se señala en el artículo 7º. Incluso, se estipula que la de los concejales y el intendente deben ser publicadas en el boletín oficial. “Cuanto más transparencia creemos que es mejor”, indicó.
En el artículo 12º se invita a la Cámara de Senadores, a la de Diputados y a los Concejos Deliberantes de los municipios de la provincia de Entre Ríos “a redactar una norma similar, propendiendo a posicionar a Entre Ríos como una provincia líder en materia de ética y transparencia en la gestión pública”.
“Obviamente que esta es una propuesta que cuando la discutamos en el Concejo en Comisión le podremos agregar artículos, modificar otros o incorporar o quitar algunos actores de lo que se propone en el proyecto. No pretendo que se apruebe a libro cerrado porque creo que podemos sacar una ordenanza superadora pero tenemos que ir en el camino de mayor transparencia”, señaló el edil.
Por último, teniendo en cuenta que un proyecto de su autoría que también se inspiraba en una norma a nivel nacional como la de poner un tope en la tasa de interés de los préstamos de las mutuales municipales terminó cajoneado, la pregunta apuntó a saber si no sucedería lo mismo en esta oportunidad. “Lo he charlado informalmente y están de acuerdo los compañeros y no veo la razón por la cual estén en desacuerdo. Tampoco veo que haya una implementación tan dificultosa para hacerlo. El proyecto de las mutuales tenía algunas complejidades que tenemos que trabajar para resolverlas. No creo que sea éste el caso y tengo buenas perspectivas al respecto”, respondió.
