“El presidente Tabaré Vásquez descartó la necesidad de consultar o informar sobre este emprendimiento a los países vecinos con el argumento de que la planta estará ubicada en el centro de su país”, señaló Guastavino, y agregó. “Sin embargo, la nueva planta de celulosa estaría emplazada sobre el río Negro, que forma parte de la cuenca del río Uruguay y es el afluente más largo y caudaloso. Los argentinos tenemos derecho a conocer y a considerar el impacto ambiental que tendrá esta nueva planta”, señaló.
En los fundamentos, Guastavino considera necesario que el gobierno y los ciudadanos cuenten con información precisa respecto del proyecto que se está desarrollando, y reflexiona que se deben respetar las condiciones establecidas por ambos países en el Tratado del Río Uruguay: “Existe una preocupación racional de parte de los ciudadanos de Gualeguaychú. Se trataría de un nuevo emprendimiento que afecta de manera directa la calidad ambiental de la región. Es la misma cuenca, es el mismo ecosistema. Es una simpleza afirmar que no habrá consecuencias, como es insostenible el argumento de que la planta se instalará lejos de las fronteras”, agregó.
En el pedido de informes (expte 2681/16), Guastavino recuerda el mandato de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en abril de 2010, que señaló que Uruguay incumplió con sus obligaciones de notificar, informar y negociar de buena fe con la Argentina.
“Este pedido de informes es el primer paso y es una obligación de nuestra cancillería para con todo un pueblo que viene sosteniendo una lucha desigual contra una empresa contaminante. Pero también es una interpelación a la buena fe de nuestros vecinos”, finalizó.
