Ante el absoluto rechazo al Decreto 6.343, que reajustó los avalúos de las parcelas rurales, por parte del campo, el Gobierno salió ayer a defender la medida argumentando que la vigente Ley 8.672 “obliga al Estado a realizar un ajuste anual de la valuación de las tierras entrerrianas” y recordó que “la última vez que se utilizó este procedimiento fue en el ejercicio fiscal 1999”.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno señaló que durante 2004 “se trabajó para la actualización de toda la información a los efectos del cálculo económico para las 37 zonas agroecológicas económicas uniformes, dando como resultado una emisión anual de 112 millones de pesos”.
Dado el planteo de las organizaciones de los productores, acerca de que dicho valor era elevado para la situación económica del sector, agrega la nota, “se acordó modificar el Decreto Reglamentario de la Ley, en lo que refiere a la Tasa de Capitalización, pasando la misma del 4 % al 6 %” lo que permitió que la emisión “disminuyera a 72 millones de pesos que fueron los que se establecieron en el decreto 6.343/04. Como consecuencia, la reforma a la reglamentación, permitió bajar en 40 millones de pesos la emisión para 2005”.
Medida razonable
Con relación a los avalúos determinados, el Gobierno los considera “razonables”, pues “no superan en la mayoría de los casos el 30 % del valor de mercado”, asegura.
“También se estableció una extensión de la moratoria impositiva con beneficios de condonación de un 16,6 % a las parcelas rurales de lo pagado en el ejercicio 2004 y cuyos avalúos no superen los $ 120.000, y que se encontraban al día con el Impuesto Inmobiliario al 31 de diciembre de 2003”, agrega el comunicado.
Por Resolución Nº 3 de la Dirección General de Rentas, asimsimo, “todo propietario de una parcela rural que haya pagado en tiempo y forma el año 2004, tendrá una bonificación por buen pagador del 10 % en el Impuesto Inmobiliario Rural de 2005”, puntualiza.
El Gobierno, finalmente, recuerda que la Ley de Presupuesto 2005 ‘prevé que el 20 % de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural (entre 10 y 14 millones de pesos), será destinado a un Fondo Vial, a ser distribuido en las zonales de la DPV. En estas Zonales los productores participan en los Consejos Productivos, donde se definen las prioridades de mantenimiento de los caminos rurales”.
Entre las “prioridades” en materia impositiva para el 2005, “que serán incorporadas en la reforma del Código Fiscal, el Gobierno implementará en el marco de la política de desarrollo rural que se lleva adelante, mayores beneficios fiscales para los pequeños productores que residan en el campo. Este tema ya había sido analizado con los representantes de las entidades agropecuarias, especialmente con el Consejo Delegado Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina”, concluye el comunicado.
La otra visión
Para el campo, sin embargo, los argumentos oficiales no son suficientes y, casi a coro, insisten en que “los productores estamos cansados de que nos metan la mano en el bolsillo”.
El titular del Consejo Delegado Entre Ríos de la FAA, Alfredo De Angeli, por ejemplo, volvió a fustigar la política de “seguir sacándole plata” al productor, que además de la elevada presión tributaria que soporta a nivel nacional, ahora debe pagar más por el Inmobiliario. Criticó, en este sentido, al Gobierno provincial y a los legisladores nacionales entrerrianos porque “no hacen nada” para aliviar a los productores y, por el contrario, “le están cargando más impuestos”.
Se quejó, como lo había hecho el titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Hernán Schweizer, de la “decisión arbitraria” de no volver a convocar a la Mesa Tributaria “en donde estábamos buscando consenso” sobre el tema y “después nos dejaron de lado”.
