“Debemos tener en cuenta que a través suyo se provee fármacos a todas las salas de atención primaria del país, por un valor de unos 200 millones de dólares al año, que se financia con ayuda del BID y que se compran mediante licitación pública internacional. Ahora el Gobierno podría llegar a adquirir directamente los medicamentos a los laboratorios públicos. Incluso abastecer a nuestros hospitales”, destacó.
La ley, que pone el acento en la interacción de la producción pública con las universidades, implica plantear que la necesidad de consumir medicamentos, debe estar por encima y no por fuera de las leyes del mercado.
“Por eso esperamos que permita evitar los sobreprecios que aplican los laboratorios privados cuando disponen de un monopolio de producción o una marca que se distinga” ejemplificó el legislador de la Nación.
Ratificación parlamentaria del Banco del Sur
También fue tratado y aprobado por unanimidad el proyecto de ley que crea el Convenio Constitutivo del Banco del Sur, que será “una entidad financiera de derecho público internacional, con personería jurídica propia, con sede en Caracas, Venezuela- y subsedes en Buenos Aires, Argentina- y La Paz, Bolivia”, explicó Guastavino.
El objetivo de la nueva entidad, señala el texto que ahora pasó a la Cámara baja, es “financiar el desarrollo económico, social y ambiental de los países miembros, en forma equilibrada y estable haciendo uso del ahorro intra y extra regional; fortalecer la integración; reducir las asimetrías y promover la equitativa distribución de las inversiones entre los países miembros”.
“Debemos destacar que sólo prestará asistencia crediticia en los países miembros para la ejecución de proyectos en el ámbito territorial de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas)” remarcó el legislador entrerriano.
En cuanto a los montos aportados por los países miembros Guastavino detalló que “luego de ser ratificado en la Cámara de Diputados, Argentina Brasil y Venezuela deberán efectuar un aporte de capital de 2.000 millones de dólares a la futura entidad que junto con Ecuador, Paraguay, Venezuela, Brasil y Bolivia se acordó crear a fines de 2007, a propuesta de Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Por su parte, Uruguay y Ecuador pondrán 400 millones de dólares cada uno y Paraguay y Bolivia otros 100 millones” explicó.
Penas más duras en el tránsito
Además se aprobó y giró a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley contra las infracciones de tránsito que generen víctimas, endureciendo las penas previstas en el Código Penal para las infracciones más flagrantes y tipificando nuevos delitos, como la participación en las llamadas “picadas”. El texto aprobado, incorpora algunas innovaciones jurídicas, como la aplicación de “servicios comunitarios” para aquellos conductores condenados por homicidio doloso que no deban purgar penas de prisión y agrega una nueva definición al concepto automotor ampliándolo a las motocicletas, acoplados y remolques.
Con respecto a las penas Guastavino explicó que “la iniciativa establece una nueva figura penal, con penas que van de los tres a ocho años de prisión, al crear el delito de homicidio culposo por conducción negligente o inexperta, también se agrava la situación para quienes conduzcan alcoholizados; violen la luz roja de un semáforo; límites de velocidad; señales de tránsito y pasos a nivel; o que manejen un rodado no habilitado elevando el castigo a penas de 4 a 12 años de prisión” comentó.
Otra innovación es la inclusión en el Código Penal de delitos concretos contra la seguridad vial, como el de la responsabilidad del conductor. “A partir de ahora se incluye la condena de seis meses a tres años a quienes creen situación de peligro para la vida de las personas mediante la realización de pruebas de destreza no habilitadas por la autoridad competente, es decir a quienes corran “picadas” finalizó el legislador nacional.
