El proyecto incorpora todo un universo de nuevos artículos, vinculados a la transparencia en la función pública, modificaciones en las penas para ciertos delitos como homicidios viales, para la tenencia y portación ilegal de armas y para casos vinculados al narcotráfico. Además, el nuevo Código Penal prevé el decomiso de cosas o provecho del delito desde el comienzo del proceso penal, artículos en contra de la violencia de género, del terrorismo y el financiamiento del terrorismo.
También el anteproyecto incluye una interpretación de la jurisprudencia de la Corte en el fallo "Arriola", por el cual no es punible la tenencia de estupefacientes para uso personal en el ámbito privado.
Uno de los temas centrales, que promete un duro debate, es la despenalización del aborto. El Dr. Mariano Borinsky, presidente de la comisión redactora, ha expresado que “en los casos de interrupción del embarazo no se le va a aplicar una sanción penal a la mujer. Sigue siendo delito, está en el artículo 86 y 88 del código penal, pero tiene una posibilidad de excepción que va a aplicar el juez en cada caso concreto”, “el anteproyecto del Código Penal se acoge el fallo F.A.L, es decir, excluye los supuestos de abuso sexual y peligro para la vida de la mujer” y vaticinó que la nueva normativa “no va a generar la judicialización de estos casos, y esto mejora la agilidad del servicio de justicia”.
El expediente, que cuenta con más de 500 artículos, aglutina el trabajo que la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación viene realizando desde principios de 2017 por disposición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el marco del programa “Justicia 2020”.
Los otros integrantes de la comisión que preside Borinsky son el director nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; los camaristas Guillermo Jorge Yacobucci, Carlos Alberto Mahiques y Patricia Marcela Llerena; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Víctor María Vélez; la secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer; el profesor de la Universidad de Buenos Aires, Fernando Jorge Córdoba; y los representantes de los Ministerios de Desarrollo Social, Yael Bendel, y de Seguridad, Guillermo Soares Gache.
