En una entrevista concedida a Miércoles Digital, Guastavino abordó diferentes temas, entre los cuales no evitó hablar sobre el monocultivo de soja en Entre Ríos, para muchos ambientalistas tan preocupante como las papeleras, o la responsabilidad de la provincia en las obras vinculadas con aguas y cloacas en las ciudades entrerrianas.
Específicamente respecto de la problemática de las papeleras, Guastavino dijo que hay una conciencia nueva sobre la contaminación que producen este tipo de emprendimientos y se mostró decepcionado con el gobierno uruguayo, del que dijo que «parece gobernado por la ortodoxia de los 90».
También apuntó contra el gobernador de Misiones, uno de los que se diferenció de la posición del gobierno entrerriano, diciendo que Carlos Rovira «tiene la cola sucia porque en su territorio funciona una papelera que ya ha sido clausurada en reiteradas ocasiones», en referencia a la empresa planta de Celulosa de Argentina, ubicada en Puerto Piray, comprada por FaNaPel (paradójicamente de origen uruguayo) y clausurada por el gobierno de Misiones debido a lo obsoleto del tratamiento de las aguas empleadas en sus instalaciones.
El gobernador Rovira había dicho que su provincia tiene mucha experiencia en el control de fábricas celulósico-papeleras, «que funcionan normalmente desde hace tiempo». Agregó que Misiones las obliga «a cumplir estrictas leyes ambientales vigentes» y dijo respetar la postura «de mi colega Jorge Busti», al que le ofreció asesoramiento «de nuestros técnicos del Ministerio de Ecología, el primer organismo oficial en su tipo creado en el país».
El pasado mes de diciembre, el mandatario misionero se postuló asimismo como mediador en el conflicto internacional: recordó que, desde hace 47 años, operan en Misiones tres plantas procesadoras de pastas y papeles, cuyos efluentes líquidos y gaseosos son sometidos a tratamientos específicos y hasta ofreció espacio para que Botnia se instale allí; «Si inversores de la categoría de la finlandesa Botnia quieren venirse para aquí, les abrimos los brazos, por tratarse de emprendimientos generadores de empleos, que amplían las redes de servicios y transforman las economías regionales sin afectar la salud de la gente. Claro -insistió- estas empresas deben ajustarse a leyes sancionadas por nuestro Parlamento tomando como referencia parámetros mundiales.»
«Habrá sido cosa de Sigal»
El vicegobernador Guastavino también negó, en diálogo con El Miércoles, que la Cancillería argentina haya propuesto formalmente el traslado de las papeleras sobre el mismo río: «Habrá sido un pensamiento personal de (Eduardo) Sigal», dijo el vicegobernador en referencia al subsecretario de Integración Americana y Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, quien había dicho públicamente que nuestro país le hizo esa propuesta al Uruguay.
«Habrá sido un pensamiento personal de Sigal y nada más, pero en ningún momento ha habido oficialmente una propuesta concreta en esa línea. Oficialmente no hubo planteos de esa naturaleza, que nosotros no podemos compartir. Sería trasladar el mismo problema algunos kilómetros más lejos, nada más. En todo caso, si hay relocalización, que la hagan sobre la Costa Atlántica; no afectaría a nadie, salvo a los veraneantes en Punta del Este. Ya se lo planteamos más de una vez: si van a instalar una industria contaminante, háganla sobre el mar y no nos jodan ni a nosotros ni al ecosistema del río Uruguay».
Guastavino también negó que haya un distanciamiento de las posiciones de la Cancillería con respecto a las del gobierno entrerriano: «Al contrario, yo diría que las coincidencias están más fortalecidas. Más allá de que algunos piensen lo contrario, o que creían que la estrategia de cancillería debió ser diferente, más frontal, más dura, lo concreto es que está culminando ahora en enero el movimiento de la Comisión Binacional de Alto Nivel Técnico, que va a terminar con un informe muy duro de la Argentina, y va a terminar discutiéndose en La Haya», dijo el vicegobernador a cargo del Ejecutivo entrerriano.
