“Lo que necesitamos – agregó – es que Uruguay preste acuerdo para colocar los sensores automáticos sobre el efluente, la aparatología necesaria próxima al difusor de los efluentes en el río, y el análisis de los sedimentos y el impacto sobre los seres vivos como moluscos y peces”.
El legislador entrerriano recordó que en el año 2010, Argentina y Uruguay suscribieron los acuerdos presidenciales de Anchorena (Uruguay) del 2 de Junio y Olivos (Argentina) del 28 de julio a fin de ejecutar e implementar lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el 20 de abril de 2010.
El párrafo N° 281 de la citada sentencia indica que ambos países efectuarán el monitoreo continuo del funcionamiento de la planta Orión (ex Botnia) a través de la Comisión Administradora del río Uruguay (CARU).
“El Presidente también parece desconocer -dijo el legislador entrerriano- la existencia de documentos de carácter internacional firmados con la República Oriental del Uruguay con respaldo legislativo de ambos estados. Me refiero al Tratado de Límites, el Estatuto del río Uruguay de donde se desprende el Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay que establece en su Tema “E3 Contaminación”, un amplio articulado sobre la calidad de las aguas y los parámetros y estándares que deben ser cumplidos por las partes”.
Y subrayó: “Esta norma internacional está por sobre encima de cualquier acuerdo de los Estados para el río Uruguay”.
“Por haber pasado seis años de los acuerdos firmados en 2010, resulta inconcebible que Uruguay no haya prestado acuerdo para colocar los sensores automáticos sobre el efluente. Y para esto no hace falta crear un laboratorio sino la voluntad política del Uruguay para cumplir el fallo de La Haya”, expresó Guastavino.
