Mediante un Proyecto de Declaración, el Senador sostiene que surge claramente que haber cumplido con el pedido de colaboración de la Argentina no significaba poner en riesgo la seguridad interna ni el orden público del vecino país, por el mero cumplimiento con lo reconocido por los países miembros del MERCOSUR en el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua, normativa ésta fundada en el convencimiento de que los países miembros tienen en cuenta que la intensificación de la cooperación jurídica en materia penal, contribuirá a profundizar la reciprocidad de intereses de los Estados Partes en el proceso de integración.
En otro párrafo el Proyecto sostiene que el Señor Presidente del vecino país entiende que el cumplimiento de la solicitud argentina afecta los intereses esenciales del Estado Uruguayo, tanto en el plano económico vinculado a la instalación de los emprendimientos comerciales, como, en especial en relación a los derechos soberanos del Estado Uruguayo de disponer de su territorio libremente y sin coacciones ignorando una vez más que al autorizar la construcción de las plantas industriales y sus instalaciones conexas , la República Oriental del Uruguay violó no sólo un tratado bilateral con la Argentina, vigente desde 1975, que tiene por objetivo principal asegurar la calidad de las aguas de un río compartido, sino también preceptos básicos del derecho internacional ambiental poniendo en riesgo el bienestar y la salud de las comunidades adyacentes a este río compartido. Estas violaciones se produjeron no una, sino tres veces, ignorando los múltiples requerimientos realizados por la Argentina y los sucesivos esfuerzos encarados por nuestro país para obtener el cumplimiento de las citadas normas internacionales.
Seguidamente, se sostiene que «aún más grave que las violaciones jurídicas, se vulneró reiteradamente la confianza depositada por nuestro país en una alternativa de diálogo y cooperación».
Estos argumentos están contenidos en el discurso del Canciller Jorge Taiana, durante la presentación sobre la controversia con Uruguay en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación el 14 de febrero de 2006.
Por último el Proyecto de Declaración del Senador de la Nación Guastavino afirma que «el Senado de la Nación, no puede permanecer indiferente frente a esta actitud de los representantes del Uruguay, que no hace más que acentuar la falta de colaboración e implica un valladar a un diálogo maduro y responsable».
