Todo comenzó meses atrás cuando la Prefectura de Bajo Uruguay recibió algunos datos sobre trata de personas en prostíbulos de la costa del Uruguay. Con conocimiento del Juez federal Guillermo Quadrini comenzó la investigación, que desembocó en un vasto operativo los días 1 y 2 (de 23:30 a 6:30) de noviembre en un vasto operativo que incluyó 35 efectivos de esa fuerza y funcionarios de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, perteneciente al Ministerio Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Dirigía al grupo de dicha repartición la psicóloga Carla Manza.
El operativo del 1 y 2 de noviembre continuó el viernes 7, cuando personal de la Policía de Urdinarrain realizó otra inspección entre las 19.30 y las 23, y asentó once identificaciones femeninas con sus correspondientes fichas. “La Rueda” se está ampliando: su propietario ha encarado la construcción de un nuevo local, más amplio y cómodo.
Los prostíbulos fueron visitados además por personal de Migraciones, dada la presencia de extranjeras que, además, ejercían una actividad ilegal. Algunas de las treinta mujeres liberadas hace diez días sufrieron encierro bajo llave en destinos anteriores al actual, una fue obligada años atrás a dar a luz “prematuramente” y su bebé fue enterrado de inmediato (abortado), otras fueron entregadas a sus explotadores por sus padres u otros parientes a cambio de una suma de dinero “para ayudar a la familia”
En los prostíbulos actuales dormían de a tres o cuatro en la misma cama, en las habitaciones que luego usaban con sus clientes. Y un solo baño para todas. Las mujeres vivían en condiciones de hacinamiento.
Cada copa que hacían beber a sus clientes se contabilizaba con una pulsera más en su muñeca. Al final de la jornada cobraban el 30% del valor de la bebida que habían ubicado, precio variable según el trago. Para ello había libretas de cada chica con registros de sus actividades, material que fue secuestrado junto con una pistola.
Según pudo corroborar El Día de fuentes muy confiables, ninguna de las mujeres encontradas en los prostíbulos fue detenida. Sí, fueron contenidas, llevadas a un lugar habitualmente destinado a la recreación, junto al río, donde permanecieron dos días hasta decidir qué querían hacer.
Todo el personal que trató con ellas, tanto de Prefectura como del Ministerio, actuó en los dos días siguientes de civil y sin armas. Varias de las treinta mujeres hablaron, contaron sus historias y, sobre todo, tuvieron la posibilidad de ser escuchadas por psicólogos, abogados, fuerzas de seguridad.
En uso de sus posibilidades de elección, algunas optaron por regresar a su provincia o país (además de la posible menor paraguaya había varias mujeres que no hablaban castellano sino exclusivamente portugués, lo que unido a su situación de indocumentadas hace sospechar que su nacionalidad es brasileña). Y algunas optaron por regresar al “trabajo”.
