Pérez aseguró que fue convocado a la Municipalidad para conducir el gasto de la comuna y no para controlar los números, a lo que agregó que él es un comerciante y no un contador. De ese modo, Pérez intentó tomar distancia de la principal acusación que se le formula, respecto de que su presunta inacción o negilgencia, permitió el accionar delictivo de Giménez.
También manifestó Pérez que desconocía las reiteradas observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Ante una consulta, Pérez negó haber conocido las supuestas actividades de Giménez como prestamista en mesas de dinero. En ese sentido, aseguró que conoció al tesorero cuando ingresó a la Municipalidad, hace cinco años, como secretario de la Producción.
En tanto, Pedro Pomés se retiró de los Tribunales bajo la lluvia, a las nueve y media de la noche, junto a sus abogados, tras una muy extensa declaración. Pomés aseguró en su declaración que, como contador municipal, su función no era la de controlar al tesorero, sino la de disponer los pagos.
Pomés explicó que el, como contador, ordenaba los pagos y pasaba al expediente a la Tesorería, y que finalmente constataba que el pago se hubiera hecho. En ese sentido, reconoció que tal control final, habitualmente un trámite, quedaba en manos de empleados del área.
Colaborar con la justicia
Néstor Pérez es funcionario político y Pomés es funcionario municipal de carrera, y ambos se encuentran con licencia tras la citación judicial a indagatoria.
Al término de la declaración de Pérez, su abogado, Félix Castillo, señaló a RADIO MAXIMA que «la intención de Pérez es colaborar con la Justicia en todo lo que sea necesario para esclarecer el hecho».
En la causa, el contador Angel Giménez está sospechado de haberse llevado el dinero, en tanto que Pérez y Pomés, para la Justicia, podrían no haber controlado correctamente, omisión que habría permitido las maniobras.
A cincuenta días de denunciado el hecho por el intendente Daniel Irigoyen, hasta ahora la culpa recae sólo en la figura del ex tesorero, contador Giménez, aunque la cadena de responsabilidades enlaza lo que establece la Ley Orgánica de Municipios –Ley 3001-en cuanto a las funciones de los integrantes del Ejecutivo, y las 22 observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la provincia en los últimos años, cuestiones que no habrían sido tenidas en cuenta.
En Gualeguaychú nadie sabe exactamente cuánto dinero falta de la Municipalidad, y todavía no está clara la mencionada cadena de responsabilidades.
