La Cooperativa trabaja a pérdida a causa de la falta de actualización tarifaria en medio de una imparable inflación de costos (salarios, combustibles, insumos y repuestos). No obstante, la entidad asegura que se ha dado prioridad al crecimiento y mantenimiento del servicio. “Para lo que se ha visto inducida a tomar créditos”, se indica.
La entidad asegura que la pérdida de $ 865.796, durante el 2005, pudo ser peor de no haber sido “por subsidios compensatorios acordados por el Estado Provincial para reducir quebrantos; como así también para financiar la línea de doble terna al Parque Industrial”. La Cooperativa recibió, por única vez, un subsidio de 212. 800 pesos y otro por 312.240 pesos.
En la memoria anual 2005, firmada por su titular Emilio Alcalá, la entidad advierte, con inusual tono dramático, que el sector marcha a su “disolución” si no se corrige la ecuación tarifa-costo. Allí se critica el congelamiento de las tarifas eléctricas, dispuesto como política por el Estado Nacional, al que adhirió desde un principio el Estado Provincial.
Un párrafo de la memoria dice que esta política estatal, que en teoría busca proteger el bolsillo de los consumidores, a la larga conspira contra ellos. “La distribución del ingreso no se logra con el congelamiento tarifario, pues éste produce restricciones al servicio por falta de inversiones necesarias”.
Pero los pedidos de corrección en este sentido han sido infructuosos, según la entidad. “A través (del Consejo Regional de la Federación de Cooperativas) se ha intentado concientizar al gobierno provincial sobre la necesidad de recomponer los cuadros tarifarios de las prestatarias, sin éxito alguno”, refiere la memoria.
El Estado está obligado por ley a garantizarle al sector cooperativo eléctrico un cuadro tarifario que contemple “una razonable relación” entre una prestación eficiente del servicio y el pago de la misma. “Los servicios deben prestarse al costo”, se aclara luego de insistir que las cooperativas no buscan ganancia empresaria, ya que “el retorno no pertenece a la esencia del sistema”.
Para solucionar la crítica situación de las distribuidoras cooperativas, el gobierno baraja la alternativa de incrementar la tarifa a usuarios industriales, comerciales y residenciales de altos consumos. Pero las cooperativas responden que ese hipotético reajuste “de ningún modo proporciona los mayores ingresos que se requieren” ya que esas entidades atienden sobre todo a zonas rurales.
Entre las medidas correctivas, las cooperativas sugieren que el producido de los impuestos que cobra el Estado en la tarifa eléctrica sean retribuidos a ellas, al tiempo que se podrían producir rebajas impositivas que favorezcan a usuarios de menores ingresos.
