El Fiscal Darío Crespo explicó que la etapa de instrucción del expediente está prácticamente cerrada y que es muy probable que sea derivado al Juzgado Correccional de Gualeguaychú, donde se realizará el juicio oral y público. Haciendo una reseña de la causa, el representante del Ministerio Público señaló que «esto arrancó en mayor del 2.006 cuando se produjo aquella sesión que tanto impacto público tuvo. A instancias de una denuncia formulada por integrantes del cuerpo deliberativo se abrió una investigación en procura de deslindar responsabilidades en función de la sospecha de la posible existencia de una conducta ilícita, vinculada con un presunto abuso de autoridad. Sobre todo la actuación en dicha sesión en aparente violación a normas reglamentarias ilegales sobre el modo de funcionamiento del cuerpo y la forma de tratamiento y sanción de las normas».
Crespo explicó que «en función de eso se llevó adelante la investigación, se abrió la instancia para que todas las partes involucradas pudieran ejercitar sus derechos. Así ocurrió y oportunamente el juez local, Dr. Alle, dictó un auto de mérito que determinó el procesamiento de la titular del cuerpo y el sobreseimiento del resto de los concejales. A partir de allí tanto la defensa como la fiscalía recurrieron esa decisión y por eso el expediente fue elevado a la Cámara de Uruguay. Luego de un tiempo esta resolvió confirmando el procesamiento dictado y revocando los sobreseimientos, en relación al resto de los ediles. El expediente ha regresado, para la continuidad procesal del mismo».
¿Qué pasará ahora?. «No quiero adelantar una opinión definitiva pero el debate fue lo suficientemente amplio, como para estimar agotada esta instancia instructoria y entiendo que debería pasar a la etapa siguiente, que es el juicio. Allí se determinará si ese marco de sospecha, robustecido con el procesamiento pero que no deja de ser una resolución provisional dentro del proceso penal, amerita una sentencia de cargo o no. No hay que perder de vista que esta es una etapa instructoria, por lo tanto, a pesar del procesamiento dictado, estas y otras personas, gozan del principio de inocencia».
El juez de instrucción Daniel Alle hace unos meses procesó sólo a Bentos Alvez y sobreseyó a los demás. Para la Cámara en cambio hubo una opinión distinta, ampliando los procesamientos. «El derecho no es una ciencia exacta y hay posibilidades interpretativas y de apreciación dentro de un margen razonable. Este es un caso particular además en el que no hay antecedentes. Lo que está en juego es la capacidad de una o de todas las partes, de dominar la ocurrencia del hecho. Pero el proceso debe continuar hasta su final natural y por el tipo de figura debería ser elevado al tribunal Correccional de Gualeguaychú».
El delito por el que se procesó a los ediles es el de abuso de autoridad. Sobre esto, Crespo explicó que «es típico de la función pública. ¿La probation?. Sin referirme a este caso en particular, digo que existen interpretaciones jurisprudenciales que vedan al funcionario público de acceder a este beneficio. Pero no es una hipótesis planteada».
¿Qué pasa con lo que se aprobó esa noche?. El Fiscal no quiso hablar de eso. «Puede haber consecuencias pero no me quiero adelantar. Insisto, estamos en una etapa provisoria y el proceso no ha concluído porque sigue vigente el principio de inocencia. Recién cuando haya un pronunciamiento definitivo podría avanzarse en ese plano».
Finalmente, en la resolución de los camaristas Seró, López Mora y García, no hay indicios de bucear en responsabilidades del Ejecutivo encabezado por José Jodor, que fue el que puso en práctica las normas y las promulgó.
Matorra: tengo la conciencia tranquila
Los ex concejales Enedín Matorra (UCR) y Mario Moreno (Nuevo Espacio) fueron los denunciantes en la causa. Al respecto, el ex edil radical le dijo a este medio que «me enteré por el semanario de esta resolución judicial. Pero esta denuncia la hicimos con Moreno por convicción. Estoy tranquilo porque creo hacer cumplido con la responsabilidad de generar ordenanzas y leyes sino también ejercer un contralor desde la oposición. Tenemos la obligación de denunciar las irregularidades».
Matorra recordó que «la mayoría de las ordenanzas que se aprobaron en esa noche irregular provenían del Departamento Ejecutivo, a quién también le adjudico responsabilidad porque ellos mandaron y después ejecutaron las ordenanzas a sabiendas que habían sido sancionadas irregularmente. Entre ellas estaba el presupuesto, la creación de un nuevo Juzgado de Faltas, la modificación de las tasas de la ordenanza impositiva municipal, etc. En esa oportunidad esas ordenanzas fueron solicitadas por un concejal, cuando el reglamento dice que tiene que haber un acuerdo generalizado porque de lo contrario, debe remitirse a lo que dice la orden del día de la sesión. El paquete fue traído por un concejal y para eso se necesitaban los dos tercios».
Matorra remarcó que «no obstante nuestras objeciones a la irregularidad se sancionaron de cualquier manera y nos vimos en la obligación de no dejar pasar una cosa tan grave. Hay cosas que se tienen que respetar en la función pública porque no manejamos el dinero de nuestra casa».
El ex edil agregó que «debería ser revisada no sólo la actuación del ex intendente sino de los funcionarios que estaban con él e incurrieron en el error de ejecutar el presupuesto y otras cosas importantes. Incluso hay funcionarios que a nivel local y provincial siguen desarrollando actividades. Acá se llevó adelante un presupuesto mal habido desde el punto de vista legal, sin el aval del Concejo».
¿Tiene la conciencia tranquila?. «Actuamos como debíamos y estoy convencido. No fue una decisión fácil porque era denunciar a un colega o a un funcionario que uno lo ve todos los días. Pero estaba convencido del rol que estábamos cumpliendo. Debemos entender que hay que respetar la función pública, que hay que respetar las leyes para poder convivir con tranquilidad. No tengo nada contra nadie pero fuimos avasallados y cumplimos con nuestro deber».
El ex secretario de Hacienda, no quiere dar consejos, pero no duda en marcarle el camino a los actuales ediles. «No tengo autoridad para dar consejos pero sí pienso que estando en ese lugar hay que pensar no sólo en las banderías políticas o en las bochornosas internas partidarias, sino en la comunidad. Esto hace un gran daño porque la gente espera lo mejor de los políticos. Hay que ponerse a trabajar para que el pueblo crezca y no que sea vea convulsionado por intereses mezquinos. Si bien el concejal responde a los partidos, hay que saber que trabaja para el pueblo en su conjunto».
La interpretación del jefe de la bancada oficialista
«Esto fue aprobado con el retiro de la bancada radical y de Nuevo Espacio. ¿Si pueden cuestionar la validez?. Pienso que no porque estábamos en quórum y ellos tomaron la determinación de retirarse. Si bien Benedetti se quedó se abstuvo en la votación. Todo eso nos habilitó a la aprobación».
Sobre la venta de los nichos del cementerio, el edil apuntó que «llevábamos 40 días de pedir explicaciones, de cuestionar la ordenanza, etc. Estiraban todo para no aprobarlo, entonces también vimos la oportunidad y se aprobó. Incluso había gente en el Concejo que fue a interiorizarse sobre cuándo se hará la venta. Finalmente también se aprobó la designación de una nueva Jueza de Faltas, debido a la acumulación que hay de expedientes. ¿Si los tomamos con la guardia baja?. Calculo que sí, porque por las expresiones no esperaban que hiciésemos uso del artículo 66, porque como eran expedientes que estaban ingresados no eran necesarios los dos tercios para tratarlos sobre tablas. Fue astucia política que en otras oportunidades ellos aprovecharon». (Mario Esquivel-mayo de 2.006)
¿Qué pasó aquella noche?
El 11 de junio de este año el juez Daniel Alle procesó a Bentos, aunque dictó el sobreseimiento del resto de los denunciados. Para el magistrado, ratificado ahora por la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay la entonces titular del Cuerpo permitió la violación del artículo 99 de la Ley 3.001 (de los Municipios) al sesionar y aprobar cuatro ordenanzas sin el quórum suficiente, es decir la mitad más uno, en este caso 7 concejales. Este artículo de la Ley de Municipios establece que «el Concejo Deliberante estará en quórum con la mitad más uno de sus miembros, salvo para dictar la ordenanza de prórroga, en cuyo caso podrá sesionar con más de un tercio de sus miembros. Cuando fracasaran 2 sesiones consecutivas ordinarias de las establecidas por el Concejo, este podrá sesionar con la tercera parte de sus miembros». Sin embargo, para los camaristas, el grado de responsabilidad de todos los imputados fue el mismo, por cuanto cualquiera de ellos tenía la capacidad para detener lo que iba a suceder.
De acuerdo a la reconstrucción hecha por Alle, la por entonces presidenta del órgano dejó ir a varios concejales, entre ellos Aldo Benedetti (‘váyase’ le habría dicho), consintiendo la aprobación de otras cuatro ordenanzas con apenas seis ediles presentes, ella incluída. Esto estaría tipificado en el artículo 248 del Código Penal, en el capítulo IV sobre Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de los funcionarios públicos. El artículo sostiene que «será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere».
Para la justicia, la máxima autoridad del Concejo, en ese momento, era su presidenta, por eso recae toda la responsabilidad en ella. En relación al resto de los ediles denunciados, se consideró que «por atipicidad de la conducta, por entender que, si bien se violentó el reglamento interno, no quedan incluídos en la figura del artículo 248».
Paradójicamente, en aquella sesión del 4 de mayo, lo primero que se aprobó, el presupuesto, no merecería objeciones legales por cuanto había siete concejales presentes, incluído Benedetti. Fue allí, que al levantarse e irse, la sesión se cayó de hecho e invalidó todo lo que se aprobó después, entre ellas las ordenanzas sobre la venta de los nichos del cementerio y la creación y designación de otra jueza de faltas.
Fuente: Gualeguayaldía
