A los investigadores se les ha dicho que si «el Congreso intenta remover al presidente a través de la 25a Enmienda, se producirá un gran levantamiento», de auerdo con el documento.
El FBI también recibió información de que los extremistas pro-Trump están pidiendo una «tormenta» en edificios y tribunales de los Gobiernos estatales, federales y locales del presidente antes de la toma de posesión de Joe Biden.
«Se están planeando protestas armadas en las 50 capitales estatales desde el 16 hasta el 20 de enero; y en el Capitolio de los Estados Unidos del 17 de enero al 20 de enero», siempre en consonancia con el informe que cita ABC News.
La noticia llegó cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó artículos de juicio político contra Donald Trump después de la toma del Capitolio del 6 de enero.
En ese contexto, la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, pidió este lunes al Departamento de Seguridad Nacional reforzar la seguridad en torno al Capitolio de cara a la sesión de investidura de presidente electo, Joe Biden.
Tras el asalto al Congreso registrado la semana pasada, la funcionaria envió una carta al secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, al que solicitó extender los dispositivos especiales de seguridad hasta el 24 de enero.
«Creemos que la investidura presidencial del 20 de enero requiere un enfoque muy distinto al de anteriores ceremonias similares debido al caos, las heridas y las muertes experimentadas en el Capitolio de Estados Unidos durante el episodio de insurrección del pasado miércoles», señaló.
El asalto llevado a cabo por seguidores del presidente saliente, Donald Trump, se saldó con cinco muertos, entre ellos un agente de la Policía del Capitolio. Desde entonces, Bowser ha insistido en la importancia de abrir una investigación sobre la respuesta policial, que quedó en entredicho tras lo sucedido.
Bowser solicitó además que el FBI «presente un dossier sobre posibles amenazas e información de Inteligencia de forma diaria» entre el 11 y el 24 de enero. Asimismo, recomendó a los Departamentos de Seguridad Nacional, Defensa y Justicia; así como al Congreso y al Tribunal Supremo, que pongan en marcha un «plan de seguridad a nivel federal».
