Promocionado el decreto 1.196/05, de acceso a la información pública, la diputada provincial Lucy Grimalt solicitó al Tribunal de Cuentas (TdeC) copia de los “expedientes donde se informa el estado de los galpones en los cuales se concentran los alimentos de los planes sociales”.
Diecisiete días después, los miembros del TdeC respondieron que “como órgano extra poder” quedan excluidos del alcance del decreto que aprueba la reglamentación general de acceso a la información pública del Poder Ejecutivo.
“Dos veces solicité la información y me contestaron que no están obligados a dármela. Como fundamento adujeron que no están obligados por el decreto del Ejecutivo”, confesó la legisladora.
Como respuesta, el TdeC indicó que “el Tribunal brinda información cuando corresponde legalmente y a quien acredita un interés legítimo para acceder a la misma”, por lo cual dedujo que esa norma no incluye a la legisladora de la oposición.
Ello en función de que “este Tribunal es un órgano de la Constitución, extra poder, que no tiene dependencia ni jerarquía ni funcional del Poder Ejecutivo”, reza el acuerdo firmado por el presidente Hugo Molina y el vocal José Luis Gea Sánchez.
Asimismo, se le informó a la legisladora que tampoco el TdeC queda incluido en el artículo 2 del reglamento, ya que “no es parte de la administración centralizada o descentralizada, no es ente autárquico, ni empresa del Estado, ni sociedad con participación estatal y si bien tiene como fuente de recurso el aporte del Estado provincial, esta fórmula laxa haría que se encontrasen comprendidos dentro de su alcance y por lo tanto obligados, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, lo que no resulta compatible con el estado republicano y democrático constitucionalmente previsto”.
