“El objetivo es resguardar a los menores victimas de la seguidillas de declaraciones ante diferentes organismos e instancias, dado que por tratarse de tan aberrante delito produce en ellos efectos psicológicos adversos en su proceso de recuperación personal”, argumentó Grimalt, agregando que “las preguntas que pueden realizar las partes sin estar capacitadas en la problemática del abuso infantil causan el efecto contrario en la victima, dado que esta se siente en un permanente tormento y culpabilización por lo que le ocurrió”.
En este sentido, estimó que “es necesario proteger a la victima, sin afectar por esto el debido proceso y garantizando siempre el derecho de defensa. Por esta razón se propone esta mecánica a la hora de tomar declaración a la victima menor de edad”, finalizó.
