En efecto, tras “constatar que un magistrado de la jurisdicción entrerriana de Concordia había emitido una orden de allanamiento solicitada por funcionarios policiales, sin la fundamentación correspondiente y de acuerdo a las circunstancias del caso, conforme lo establece el Código de Procedimiento Penal, el STJER, le advirtió a ese magistrado que debe observar estrictamente las prescripciones de los artículos 224 y siguientes de la mencionada norma, y así se lo recomendó también, por nota, a todos los Jueces de Instrucción de Entre Ríos.
La información señala que “en el pasado mes de marzo, la Presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, remitió al STJ copia de un acta en la que un funcionario policial declarando como testigo en una causa que allí se tramitaba por tenencia de estupefacientes, manifestaba que era de práctica en la jurisdicción Concordia, que la policía labre la orden de allanamiento y que luego la lleven para la firma al juez”.
Aunque la nota no lo señala y aunque en el STJ prefirieron mantener en reserva el nombre del magistrado, con lo cual ampliaban la sospecha a otros tres jueces, DIARIOJUNIO pudo saber que el descubrimiento se produjo mientras se sustanciaba una causa por estupefacientes en la que estaba involucrado “Pampita” Martínez. En esa causa declaró el oficial Núñez y dos subalternos de la policía departamental. Con lujo de detalles y ante el “asombro” (al menos aparente) del tribunal contaron como se realizan habitualmente los allanamientos.
Aunque parezca mentira dijeron que en “cinco minutos el juez nos firma la orden”.
