La visita del Secretario de Energía de Salto Grande no tuvo el corolario de descanso que se había imaginado para el funcionario y su comitiva.
En la jornada de hoy continúan conociéndose detalles de las reuniones que el ingeniero Daniel Cameron mantuvo con las agrupaciones que criticaron a parte de su delegación, acusándolos de funcionarios que habían trabajado para los intereses de los generadores privados de energía y que habían promovido la privatización de Salto Grande.
Una de las agrupaciones que discutió álgidamente con los funcionarios nacionales fue la Asociación de trabajadores de Salto Grande, que nuclea tanto a los obreros argentinos como los uruguayos.
Esta agrupación había repudiado públicamente “la visita a la represa de los entregadores del patrimonio de Salto Grande , seguidores de la política energética de (los menemistas) Domingo Cavallo y Carlos Bastos”, en alusión a los ingenieros “Bautista Marcheschi y Juan Legisa”.
Según la asociación de trabajadores, estos actuales funcionarios, “pertenecen a los dictámenes del poder económico (subsidios a los generadores privados)” y fueron promotores de “aumentos de tarifas eléctricas a la región, para trasladarlo a los generadores privados. Cortes temporarios de los excedentes de Salto Grande” y además intentar “en forma solapada, el aumento de la cota (del lago de Salto Grande) a 36 mts”.
En el encuentro de ayer viernes y con la presencia de Cameron, los trabajadores le recriminaron todo esto a Marcheschi y a Legisa y le recordaron al subsecretario de Energía de la nación, sus dichos con respecto a que el “discurso del presidente de la nación era para la gilada”.
Según los trabajadores de la represa, estas declaraciones de Marcheschi fueron formuladas, cuando los trabajadores insistían con la necesidad de llevar adelante las reformas que el presidente Néstor Kirchner promovía en materia de nergía y que consistían en recuperar para el estado el poder en la generación, distribución y venta de la energía. Una medida con la cual se perjudicaría notablemente los intereses privados de las intermediarias en el negocio eléctrico.
