La nueva ley de educación (art. 97 – inc e) permite a las escuelas públicas de gestión privada (Confesionales, católicas) «nombrar» a todo su personal (directivos, docentes, administrativos y auxiliares). esto significa que entran «a dedo», no por concursos y evaluados por el jurado de concursos del Consejo General de Educación (CGE)
Los docentes de escuelas publicas de gestión privada están excluidos en el art. 128 del art. 126 inc.d : «de ingresar y ascender en la carrera docente mediante un régimen de concursos que garantice la idoneidad y el respeto por las incumbencias profesionales conforme a la legislación o a dictarse». Contradictorio, ¿no?. pueden nombrar docentes que no sean idóneos y no respetar la legislación.
Los docentes tenemos que tener una igualdad de derechos y garantías en toda la provincia. sean de una gestión u otra.
Cuando el jurado de concursos del C.G.E. evalúa para ingresar en las escuelas públicas de gestión estatal, reconoce todos los servicios, conceptos y antigüedad y en nivel superior en la asignatura de quien se haya desempeñado en escuelas de gestión privada aún sabiendo que no ingresó por concurso. O sea que, quien ingresó «a dedo» tiene claras ventajas en su puntaje respecto los docentes que sólo pueden acceder por concurso en escuelas públicas.
Si a esto, le sumamos que, los docentes de gestión privada están exentos del régimen de incompatibilidades vigente en la docencia, nos encontramos con muchos casos en que se tienen 2 o más cargos, más de 36 horas (algunos hasta 72 hs), cargos y exceso en horas cátedra.
Esto lleva a varias cuestiones:
– un estado de injusticia social y discriminación, por el que hay docentes de primera y docentes de segunda. Tanto en su salario como en su carrera, los castigados son aquellos que acatan la legislación vigente.
– Hay docentes con tantas horas o cargos acumulados que provocan:
1) que sean los que más antigüedad posean y por ende más puntaje al momento de concursar;
2) en general, estos docentes agotan las licencias en escuelas públicas para poder cumplir en las de gestión privada, garantizando la calidad educativa en las escuelas de gestión privada en desmedro de las de gestión pública, dado que es extremadamente difícil brindar una educación de calidad con tanto trabajo y no deja lugar a que ingrese otro docente y sea una erogación mayor para el estado
3) se gasta más dinero desde el estado en pagar docentes con tanta carga horaria y con mayor antigüedad, pero acá el mayor perjudicado es el alumno de la escuela pública de gestión estatal.
– No se puede controlar desde el estado, si hay docentes con superposición horaria entre las escuelas públicas y privadas.
– No hay control desde el estado de los títulos, o sea, la idoneidad que tanto requieren al docente de escuela pública.
Esta desigualdad ahora se ha profundizado en el nivel superior, dado que, en la anterior gestión de Jorge Busti, los miembros del jurado de concursos de nivel superior del CGE «cambiaron el criterio de evaluación» y comenzaron a tomar como antecedentes los servicios de docentes de institutos de gestión privada. Me pregunto, dos maestras que firmaban cada orden de mérito, ¿nadie les preguntó si eran idóneas para ocupar ese lugar ya que nunca habían pisado un nivel polimodal, ni superior? ¿de qué calidad educativa estamos hablando si no dan el ejemplo desde arriba?. En esta gestión, esta desigualdad se ha profundizado con la resol. 2856/08 C.G.E., en la que solicitan antigüedad especifica o cursos de 200 a 400 horas para concursar en el nivel superior. En primer lugar, no tuvieron en cuenta que los nombres de los espacios curriculares los cambian en el C.G.E. y además no brindan ningún tipo de capacitación desde el estado para tomar tal medida.
Por otro lado, cuando escuché al lic. Bodean (Osvaldo) disertar en `la honorable cámara de senadores de la provincia adujo que casi no hay alumnos egresados docentes y que por ello «no hay docentes» por lo que muchos que se reciben al año siguiente están trabajando en nivel superior sin poseer los mínimos requisitos. No los habrá en los profesorados de gestión privada, pero sí hay muchos docentes de todas las carreras que cumplen los requisitos para este nivel pero que ellos por sus «requisitos» que vaya uno a saber cuáles son no les conviene nombrar.
Además este señor, respecto al régimen de incompatibilidades sostuvo que lo justifica por la realidad: que los docentes hacen esto porque no les alcanza para vivir, no llegan a fin de mes. ¿ y de qué calidad educativa hablamos entonces? quiere decir que aquel docente que se ajusta a la ley y no tiene el «beneficio» de entrar a una privada, además de estar debajo de la línea de pobreza y no llegar a fin de mes, no puede acceder a capacitarse, a bienes culturales, etc.
Lo que proponemos es:
– Una igualdad de condiciones para todos los docentes de la provincia, ya sean de una gestión u otra.
– Control desde el estado respecto a los títulos e idoneidad para ejercer la docencia en cualquier establecimiento educativo.
– Si no aplican la ley de incompatibilidades que se realice un acto de justicia y no se consideren los servicios, conceptos y antigüedad de los docentes que no hayan ingresado por concurso.
– Propiciar la estabilidad docente para que el mismo tenga compromiso y brinde calidad educativa. Su estabilidad es fundamental para su desempeño ya que no está bajo la presión constante de perder su trabajo.
-Estamos de acuerdo con que los padres tienen derecho a elegir la escuela donde desean enviar a sus hijos, lo que nos parece correcto también es que defendamos las escuelas públicas de gestión estatal los docentes de escuelas públicas de gestión estatal estamos siendo discriminados, y lo peor del caso, es que esto sucede desde el mismo estado que es el que debe garantizar una educación de calidad para todos los alumnos de la provincia.
El reclamo no es solo el salario, es también la dignidad de la carrera docente
°Profesora Ana Marìa Silvano
docente de e.g.b. 3, polimodal, adultos y nivel superior
antigùedad docente: 16 años
candidata a secretaria de nivel superior en la lista «integraciòn» de agmer
