La razón que esgrimieron en Tribunales para justificar el pago de los haberes de Goyeneche fue que el veredicto que la removió de su puesto de Fiscal Adjunta por mal desempeño de funciones “no está firme”. La instancia de apelación ante el propio Jurado y luego su pase al Superior Tribunal y posteriormente a la Corte Suprema no tiene plazos definidos, por lo que esta situación continuaría por largo tiempo, informó APF en julio pasado.
JURI
La ex funcionaria fue suspendida del cargo cuando se inició el proceso, en noviembre del año pasado. En ese momento se le aplicó una retención del 30% en su remuneración. A fines de mayo se la encontró responsable de mal desempeño por no haberse excusado en la causa que investiga supuestos desvíos de fondos a través de contratos en la Legislatura. En el jury se probó que tenía relación personal y comercial con uno de los imputados, Pedro Opromolla, y que esto afectó la marcha de la causa.
El haber mensual que percibe Goyeneche pese a no trabajar ronda el millón de pesos, según informaron fuentes tribunalicias a esta Agencia. Esto es producto de la alta retribución del cargo y de que se contabiliza la antigüedad de una manera particular: no desde que ingresó a la Justicia, sino desde que juró como abogada. Este criterio no es privativo del caso, sino que ocurre con todos los abogados que se desempeñan en el Poder Judicial.
Para establecer un parangón del impacto de pagarle el sueldo a una funcionaria removida que ya no cumple funciones, corresponde mencionar que equivale a los haberes de 17 maestras iniciales de escuela primaria, casi un turno completo de una escuela de tres divisiones por grado.
