“A tal punto que generó mi indignación cuando el Superior abrió a prueba el juicio para saber si el señor (Hugo) Pezzarini había asumido o no la banca cuando es de público y notorio conocimiento que así fue”, mencionó. En tal sentido, explicó que el tribunal tiene un plazo de 30 días para resolver pero cuando se abre a prueba se otorgan 20 días hábiles más. “Y ahora viene la feria”, añadió.
Gorostegui entiende que se trata de una maniobra destinada a dilatar el juicio de modo de declarar abstracta la cuestión para no resolver el tema de fondo. “Que es saber si es o no inconstitucional la ley electoral que yo estoy impugnando. Es lo que están tratando de dejar a un lado y obviamente me perjudica a mí”, dijo. En consecuencia, el Tribunal se evita tener que hacer un nuevo recuento para otorgarle la banca, dedujo.
“En su momento, para evitar esta situación, pedí una medida cautelar de modo que no se otorgara la banca que está en disputa para no llegar a esta situación. Pero asumió Pezzarini y estamos esquivando el bulto sobre el fondo, cosa que me molesta”, recordó.
El candidato en las últimas elecciones especuló en que el Ejecutivo iba a presionar para que no asumiera. “Más ahora que está tratando de tapar el cielo con las manos, se les está yendo de las manos la cuestión social y económica e indudablemente no le interesa que en el Concejo Deliberante haya un opositor”, subrayó.
“No tengo apuro en asumir. Lo que estoy tratando es de alertar a la gente para que vea como se está maniobrando para evitar resolver una cuestión de fondo”, indicó. Justamente, el dirigente cuestionó una ley que se utiliza para integrar todos los cuerpos colegiados de la provincia, desde la Legislatura hasta las Juntas de Gobierno. “Es inconstitucional y ellos están tratando de evitar de tomar una resolución”, indicó.
“No tengo apuro en asumir pero quiero que se resuelva y no que después salgan con una chicana diciendo que la cuestión se ha vuelto abstracta teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado. Son los peligros que encierran estas maniobras presionados por el Ejecutivo, por Urribarri puntualmente”, indicó.
Si bien la causa recae sobre la sala contenciosa-administrativa a cargo de Leonor Pañeda, Gorostegui indicó que el pleno del tribunal debe votar. “Es una cuestión medular. Uno lo que plantea no es poca cosa. Cuando uno pretende la inconstitucionalidad de una ley es algo grave”, dijo.
