El comisario general Sergio Schneider y el suboficial de guardia Mario Alberto Warlet, quienes en ese momento se desempeñaban en la dependencia que habría tenido intervención en la detención de Gorosito, también comparecieron este jueves ante el tribunal. Warlet desmintió que María Cristina Silaur le haya solicitado averiguar el paradero de su hijo a través del teléfono de la dependencia donde se desempeñaba, como así también que le haya sugerido “que pregunte en otro lugar”. Según la madre de la víctima, el funcionario policial le habría dicho que le facilitaría este aparato “si le decía por quién se había enterado” del episodio donde estaba involucrado el móvil 97.
Las preguntas formuladas por el tribunal y las distintas partes no obtuvieron respuestas satisfactorias por parte de Warlet, quien dijo ni siquiera acordarse con precisión cuándo tomó conocimiento del hecho. Tras una serie de repreguntas, recordó “haber informado a Schneider de la situación” e indicó que se le solicitó información esa misma tarde desde la Jefatura de Policía.
Schneider dijo que tomó conocimiento preciso de la desaparición de Gorosito “al día siguiente, por la denuncia”, pero no descartó haber sido informado de la detención el mismo día, ya que “era normal” que se den esas situaciones. Consultado por el tribunal –integrado por Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti- si podría aportar información sobre dónde podría estar el joven, contestó: “Lo he pensado muchas veces, pero no tengo respuesta. Es un misterio para mí como para ustedes”.
El Comisario General dijo no recordar muchos aspectos del hecho porque le hizo “muchísimo daño” y lo suprimió de su memoria: “No voy a contar ahora, porque no viene al caso. Pero digamos que fue un hecho desgraciado para mí”. A su vez, sostuvo que visitó en su oportunidad a los tres imputados, pero “le interesaba saber cómo estaban” y no hablaron del hecho.
Cabe recordar que, días después de la desaparición de Elías Gorosito, gran parte del personal de la Comisaría Quinta fue reubicado en otras dependencias y luego puestos en disponibilidad, por lo que –aunque es poco probable que no hayan tomado conocimiento preciso del hecho- habrían perdido el contacto diario entre sí.
La audiencia de este jueves se extendió por casi ocho horas, y en ella declararon una decena de testigos: Alcides Venturotti (empleado de la Comisaría Quinta), Ángel Coronel (quien se encontraba detenido en esa dependencia el día de la desaparición de Gorosito), Pedro Ramón Pesoa (un vecino del Barrio Mosconi, quien deberá atravesar un careo próximamente con Ariel «El Yegua» Zárate), Nilda Beatríz Romero (ex empleada de la dependencia cuyo móvil habría detenido a Gorosito), Miguel Ángel Morel (Sargento de la Comisaría 11º), Alfredo José Poggio (Oficial de Gendarmería, perito en el primer juicio realizado por el mismo hecho), Roberto Lescano (funcionario policial) y los tres ya citados.
A pesar de la cantidad de personas que prestaron testimonio, pocos fueron los nuevos aportes a la causa que investiga la desaparición de Gorosito y que tiene como imputados a Lisandro Rodríguez, Diego Salvador y Jesús Salvador López, los tres defendidos por el abogado Marcos Rodríguez Allende.
Pericia e inspección
El fiscal Leandro Ríos solicitó al comienzo de la audiencia que se realice una pericia caligráfica en la denuncia policial efectuada el 13 de febrero de 2002 por Ramón Franco, el vecino que habría tenido un pleito con la víctima la noche anterior a su desaparición. Este miércoles, el aludido negó que sea su firma la que rubrica el documento donde consta su imputación hacia Gorosito y otro individuo –presumiblemente Zárate- por haberle baleado su domicilio.
El juicio, que tiene como abogados querellantes a Iván Vernengo y Rubén Pagliotto, continuará este viernes a las 9 en la Sala II de la Cámara del Crimen de Paraná, donde se realizará –luego de escuchar algunos testimonios- una inspección judicial in situ con todas las partes.
El fallo de la Procuración General
Los imputados Lisandro Rodríguez, Diego Salvador y Jesús Salvador López fueron absueltos en el proceso llevado adelante en 2004 por el mismo hecho, pero la familia de Gorosito apeló la decisión –ratificada en una primera instancia por el Superior Tribunal de Justicia- hasta que la Procuración General de la Nación ordenó hacer lugar a su queja, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto el pronunciamiento apelado, por lo que instó que se realice un nuevo juicio. La Corte Suprema de Justicia, con la sola disidencia de Carmen Argibay, compartió e hizo suyos “los fundamentos y conclusiones del señor Procurador Fiscal”, Eduardo Enrique Casal.
El magistrado consideró que el fallo se sustentaba en afirmaciones dogmáticas, ya que se había rechazado la posibilidad de incluir una testigo clave que relató haber visto a Gorosito –quien entonces contaba con sólo 19 años- en el momento en que era llevado por las fuerzas de seguridad.
