“Este hecho no puede pasar inadvertido ni como un caso aislado por las autoridades provinciales, la persecución de militantes ecologistas destruye la libertad de expresión y el derecho a reclamar por nuestros derechos”, señalaron.
“De este modo no se hacen las cosas en Entre Ríos, nos solidarizamos con nuestro compañero y demandamos inmediata investigación de los hechos así como de la reparación de la justicia para él. El límite es la agresión. La democracia exige la salvaguarda de nuestras vidas”, manifestaron.
“Estos hechos justamente se producen luego de que la Coordinadora Basta es Basta logre la nulidad del decreto que permitía fumigar a 100 metros de escuelas rurales y en una provincia y un país que demostraron la nula voluntad de controlar los agroquímicos desde su llegada en 1996 cuando se implementó este modelo de agricultura oncológica”, sostuvieron.
