«Se declara culpable al acusado Fernando Lugo Méndez, y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo», anunció uno de los secretarios de la Cámara Alta al finalizar el juicio político al mandatario.
Cientos de personas están congregadas en el centro de Asunción, frente a la sede legislativa, en apoyo del destituido presidente, y un grupo de indignados también se había concentrado frente a la sede de la vicepresidencia para gritar su repudio a lo ocurrido. Fuertes contingentes policiales han sido desplegados en el centro de la capital paraguaya para salvaguardar el orden.
Los abogados de Lugo afirmaron que ante la destitución acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque «el plazo de dos horas para defenderse es inconstitucional». El plazo normal para preparar la defensa en cualquier litigio judicial es de 18 días».
Durante su alegato, Adolfo Ferreiro, había denunciado que «el dictamen que se realizó es una condena anunciada con un libreto impreso y prestablecido, es una burla mayor que no se puede concebir».
La defensa de Lugo, quien no se presentó en el recinto de las deliberaciones, había acusado al Legislativo de montar «un circo» y sostuvo que el enjuiciamineto del primer mandatario viola diferentes disposiciones, entre ellas el artículo 17 de la Constitución acerca de los derechos procesales de cualquier ciudadano. «Esto vicia el juicio y afecta el derecho a la defensa», agregó Enrique García, quien pidió «garantías de legalidad formal» ante el pleno de la Cámara de Senadores.
Horas antes de enfrentar el juicio express con que el Parlamento, de mayoría opositora, pretende destituirlo, el presidente Fernando Lugo presentó una «acción de inconstitucionalidad» ante la Corte Suprema y aseguró que su gobierno “ha sido transparente y honesto, de cara a la ciudadanía”. Reconoció que «nunca (tuvo) una comunión ideológica» con su vicepresidente, Federico Franco, del Partido Liberal, quien lo sucedería en el cargo en caso de que fuera destituido. Mientras la OEA convocó a una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente en Washington con el fin de «tomar conocimiento de los acontecimientos» y una delegación de Unasur se encuentra en Asunción para manifestar su respaldo al mandatario.
Ayer, el Congreso resolvió intempestivamente iniciar un juicio político a Lugo por presunto «mal desempeño en sus funciones» tras el enfrentamiento entre policías y campesinos que, durante una toma de tierras en Curuguaty la semana pasada, dejó un saldo de 17 muertos. El Partido Liberal, de mayoría parlamentaria, anticipó que el presidente sería destituido, y que en su lugar quedaría Federico Franco, que responde a esa fuerza política.
Durante una entrevista radial, Lugo aseguró que acatará lo que se decida en ese juicio, al que calificó de “golpe parlamentario con ropaje jurídico”, pero advirtió que impulsará «una resistencia» desde «otras instancias organizativas». Remarcó que cuenta con «un gran apoyo popular» y agradeció los llamados de apoyo que recibió de pares de la región, entre ellos de la presidenta Cristina Kirchner.
«Es más que un golpe de Estado al Presidente, un golpe parlamentario con un ropaje jurídico, con una herramienta como es el juicio político pero con motivos que no se ajustan a la verdad», describió Lugo y enfatizó que los motivos esgrimidos por la oposición para iniciarle el proceso «no ameritan» impulsar ese mecanismo. No obstante, ratificó que lo afrontará, a partir del «apoyo popular» y de los «sectores más vulnerables de la sociedad paraguaya».
