El Gobierno y el campo están en medio de una pulseada por las retenciones a las exportaciones, que involucra unos 3.000 millones de dólares para el año próximo. Esta es la diferencia que existe entre los que pretenden los ruralistas y lo que la Casa Rosada parece dispuesta a ceder, al menos por ahora.
Mientras espera la demorada convocatoria al diálogo, la Mesa de Enlace impulsa un proyecto para bajar retenciones que, si se aprobara sin cambios en el Congreso, tendría en 2010 un costo fiscal cercano a U$S 3.180 millones. El Gobierno, en tanto, estudia correcciones que van en el sentido que pide el agro, pero serían de alcance más limitado. En el mejor de los escenarios consistiría en una reducción a 0% del tributo para los cereales y una sensible baja en el girasol, pero sin tocar a la soja. Así, la medida tendría un costo no mayor a los US$ 400 millones, muy lejos de la cifra pretendida por el agro.
Entre una y otra posición, en su ofensiva en el Congreso, cabalga la oposición. La UCR considera que el reclamo rural es por lo menos «exagerado» y prepara una posición propia. El PRO y el peronismo disidente parecen más cerca de la posición del campo, lo mismo que -con matices- la Coalición Cívica.
A un mes de la derrota del kirchnerismo, y debido al alto costo fiscal que supondría poner fin al conflicto agrario, lo que antes aparecía como un frente opositor homogéneo para bajar retenciones, hoy se desgaja en varias posiciones.
La semana pasada, la Mesa de Enlace elevó un proyecto de ley que propicia bajar a cero del tributo al trigo, el maíz y el girasol, así como una reducción de 10 puntos porcentuales en las retenciones a la soja, del actual 35 al 25%. La iniciativa contempla además un programa para «segmentar» a los productores según su escala, de manera que los más chicos tampoco tributen nada por la soja.
Si se tomara en cuenta sólo la reducción lineal de las alícuotas, y previendo un escenario para 2010 de recuperación de la cosecha luego de una dura sequía, el costo fiscal de este proyecto llegaría a los U$S 3.180 millones. La recaudación esperada por este concepto pasaría de 8.595 millones a 5.415 millones, es decir una baja mayor al 35 por ciento.
El cálculo de Clarín se basó en las previsiones de la consultora especializada Agritrend, que estima que la cosecha 2009/10 podría crecer a 82 millones de toneladas, desde las 63 millones de la última campaña. Unas 51 millones de toneladas de la producción esperada serían de soja. Se trata de una hipótesis, pues pueden variar tanto el volumen como los precios.
En el escenario impositivo vigente, la soja tributa 35% de retenciones y sus derivados 32%. Si no hay modificaciones, como pretende el oficialismo, su aporte a las arcas fiscales podría llegar a U$S 7.800 millones el año entrante. Pero si se le descuentan 10 puntos a toda la producción, como propone el campo, los ingresos derivados del cultivo caerían a 5.400 millones.
Mucho menor sería el impacto fiscal si se avanzara en la eliminación de los derechos que pagan los otros cultivos y se excluye a la soja, que es la medida que tiene en estudio el Gobierno. El costo de reducir de 23 a 0% la alícuota en trigo sería exiguo, de U$S 83 millones, porque prácticamente no habrá saldo exportable. En maíz, dar el mismo paso representaría 204 millones. Y en girasol, que se exporta como aceite con un gravamen del 30%, una reducción de diez puntos tendría un costo fiscal de algo más de 100 millones. En total, en este escenario que no toca la soja, el Estado resignaría unos U$S 400 millones de recaudación.
Definir un nuevo esquema para estos tres cultivos aparece como una urgencia para el agro. La siembra de trigo está concluida y, sin estímulos, se redujo otro 25%. Pero para maíz y girasol quedan un par de meses para dar una señal a los productores. Estos tres cultivos hoy tientan poco a los productores, por la mayor rentabilidad y el menor riesgo que ofrece la soja, aún con retenciones más altas.
Las entidades del campo saben que su propuesta es ambiciosa y descuentan que tendrán que negociar bastante. Pero defienden esta «inyección extraordinaria» de recursos (según el proyecto, el esquema regiría sólo en la campaña 2009/10), argumentando que «cedimos U$S 30.000 millones en retenciones estos ocho años y venimos de dos años de sequía. Es hora de que devuelvan algo, porque si no lo hacen muchos productores quedarán en el camino».
Los productores se quejan por la supuesta descapitalización, y destacan que muchos tienen que volver a endeudarse para poder sembrar. La sequía hizo estragos y provocó un pérdida promedio estimada en U$S 200 la hectárea.
Fuente: Clarín
