De las conversaciones participan el ministro del Interior Rogelio Frigerio y los tres precandidatos presidenciales de Alternativa Federal, Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa. En tanto, no se descarta que en las próximas horas puedan sumar otros miembros de la oposición. Fuentes confirmaron a ámbito.com que Roberto Lavagna aún no había sido convocado.
Desde el Frente Renovador se mostraron molestos por la filtración de estas conversaciones y anunciaron que este viernes a las 18.30 responderán al Gobierno y “a la propuesta política filtrada”. En diálogo con este medio, fuentes del massismo aseguraron que ellos plantearon 10 acuerdos de política de Estado y calificaron como un “mamarracho” al decálogo que se difundió.
“Es una declaración que pretende calmar a los mercados, usando al peronismo cuando en realidad la desconfianza es al Gobierno y a la economía”, lanzaron desde el FR. El mismo Massa a inicios de semana reclamó le reclamó al Gobierno que convoque a la oposición, pero las formas en que manejaron el asunto evidentemente no gustó.
Desde el Cristinismo consideran que esta movida beneficia a la expresidenta. “Si no la convocan deberán salir a explicar el por qué”, señalaron y consideraron que “el peronismo se está pegando al Gobierno en el peor momento”.
Decálogo
Entre los puntos del borrador se encuentran “lograr y mantener el equilibrio fiscal”, “sostener un Banco Central independiente, que combata la inflación hasta llevarla a valores similares al de países vecinos”.
Proponer una “mayor integración al mundo, promoviendo el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones”. Además, los firmantes se comprometen a respetar “la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión”.
Otro de los puntos se centra en la “creación de empleo a través de una legislación laboral moderna” y en la “reducción de la carga impositiva, a nivel nacional, provincial y municipal y enfocado en los impuestos más distorsivos”.
También proponen la “consolidación un sistema previsional sostenible y equitativo” y de un “sistema federal, basado en reglas claras, que permitan el desarrollo de las provincias y que impidan que el gobierno nacional ejerza una discrecionalidad destinada al disciplinamiento político”.
Por último, buscan “asegurar un sistema de estadísticas transparente, confiable y elaborado en forma profesional e independiente” y cumplir con “las obligaciones con los acreedores”.
