Haciendo memoria, el diputado radical señala que el 01 de diciembre de 2004, mediante acuerdo firmado por el gobernador Busti y el presidente de la Delegación Argentina ante la CTM, Dr. Julio César Freyre, 280 has. de tierras adyacentes al Lago de Salto Grande, propiedad de la Nación Argentina, fueron entregadas en comodato, por treinta años, a la Provincia de Entre Ríos, y recientemente, el Poder Ejecutivo Provincial, por Decreto Nº 252 de 14 de febrero de 2005, creó la “Corporación para el desarrollo de Salto Grande” –CODESAL- para administrar dichas tierras, autorizando a su presidente, por el artículo 3º del decreto, a ceder esas tierras a inversores privados.
Más allá del derecho que le asiste al señor gobernador de designar a quien considere más conveniente para presidir el organismo, es una aberración que se delegue en la sola persona del presidente de la Corporación “la administración de las áreas recibidas del Estado Nacional”, y se le otorgue la suma del poder público, autorizándoselo a ceder “en comodato por el plazo recibido (30 años) o uno mayor en el supuesto de transferencia del dominio a favor de la Provincia, a inversores privados que lleven adelante proyectos turísticos, recreativos, lúdicos e inmobiliarios”.
El decreto define una evidente política privatizadora, con fines tan amplios como ambiguos, propia del menemismo y de aquellos que entregaron el patrimonio de la Provincia.
Sorprende que una medida tan trascendente para el futuro de la región soslaye la opinión de las autoridades democráticamente elegidas de Concordia y Federación –presidentes municipales y concejos deliberantes-, de sus instituciones intermedias y de sus habitantes, y pretenda ser ejecutada sólo a través de un oscuro decreto firmado por el gobernador Busti y su ministro Urribarri.
La creación de una corporación con fines tan importantes y con rango ministerial debe hacerse por ley, o sea con intervención de los diputados y senadores electos por el pueblo de Entre Ríos, por lo que resulta claro que la autoritaria creación dispuesta vulnera, evidentemente, las normas constitucionales de la Provincia.
Por todo ello, me permito alertar a las autoridades de la región y a la población en general, acerca de la necesidad de manifestar públicamente su oposición al decreto dictado y de promover un profundo debate para lograr la sanción de una ley transparente, que garantice que el futuro de las tierras del Lago de Salto Grande quede en manos de la gente de Concordia y Federación.
