Jáuregui dijo que se trata de una resolución “largamente fundada”. Y manifestó que estaba satisfecho por la misma. “Es un andamiaje que nos permite transitar con mejor posibilidades y con más tiempo para acumular más elementos hasta que llegue el debate”, indicó al programa radial “Cuarto Poder” (FM Oíd Mortales).
En cuanto a las pruebas, precisó que “hay pelos que se han extraído de distintos lugares; una muestra de sangre de la nena y de la madre de Mara Torales; y además hay una extracción de sangre del imputado hoy procesado”. Como aún no hay resultados de la última prueba, Jáuregui estimó que “por la importancia que tiene este tema, el gabinete forense del STJ (Superior Tribunal de Justicia) lo va a hacer lo más rápidamente posible”.
El abogado transita por dos caminos judiciales: el juicio penal y el civil. En cuanto a éste último, el querellante tuvo en cuenta que Giardino estaba prófugo del penal de Ezeiza cuando sucedió el crimen de Torales, cuyo cuerpo apareció desmembrado en distintos lugares de la ciudad. “Esto corrobora lo que nosotros veníamos pensando y se va a corroborar más aún con el oficio que se libre a este juzgado de Ejecución de Penas para que mande el legajo y también corrobora la jurisdicción nacional del futuro pleito civil porque depende del Servicio Penitenciario Federal”, precisó.
Luego dijo que, “acá falla todo, el control criminológico completo, como falla habitualmente”. Para el abogado, “evidentemente hubo un error porque una personalidad de este tipo jamás pudo haber sido autorizada a salir por ningún juez de ejecución de penas en ningún lugar del mundo”.
A renglón seguido, explicó que la ley prevé un seguimiento criminológico. Es decir que hay distintas etapas en la ley de ejecución de penas y «el interno tiene que ir cumpliendo acabadamente con las distintas etapas y va adquiriendo beneficios o se le van restringiendo conforme a la conducta”. Aparentemente, Giardino gozaba de buena conducta, «de otra forma no se explica que hubiese sido beneficiado con una salida transitoria», señaló.
Además, dijo que entendía que la provincia de Entre Ríos debió estar comunicada oficialmente de la fuga. No obstante, arguyó que tampoco se adoptaron los recaudos necesarios para identificarlo y recapturarlo. De igual forma, señaló que la fuerza de seguridad no adoptó los mecanismos prevencionales necesarios para evitar un crimen como el ocurrido y ni lo detuvo después de que cometió el hecho. “A mi criterio, también aloja en la provincia de Entre Ríos una importante responsabilidad de tipo civil”, indicó.
Por último, dijo que el procesado va a seguir alojado en la Jefatura Departamental de Concordia porque se deben seguir produciendo pruebas.
