Giano destacó que pocas veces un proyecto tiene el acuerdo unánime de los tres poderes del Estado y avanza en su implementación. En este sentido hizo mención a todas las autoridades del Estado que han participado en el mismo para dar lugar a esta herramienta que permite la participación popular en la administración de la justicia penal, como un derecho político de la ciudadanía.
“La ciudadanía tiene derecho a participar de las decisiones en la administración de justicia penal” indicó Giano quien destacó el trabajo articulado de todos los equipos que se unieron en este análisis, de la ministra de Gobierno, de la Asociación de Magistrados, además de representantes del Colegio de Abogados, del Instituto de Derecho Penal, de la Asociación de Juicios por Jurados, y del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.
“Nuestra Constitución en el artículo 122 inciso 23, encomienda al Poder Ejecutivo la organización de la justicia y del juicio por jurados, y ha habido un acuerdo unánime en su implementación” sostuvo el presidente del Bloque de Senadores del PJ, antes de explicar en detalle los aspectos de selección de los jurados, de funcionamiento del juicio por jurado así como las garantías constitucionales que además se encomiendan. En este sentido precisó respecto de la sentencia por culpabilidad o la absolución que podrá establecer el jurado, y el rol del juez o jueza que será quien establecerá la pena en caso de culpabilidad.
“Claramente este proyecto de ley va a fortalecer la participación ciudadana” indicó Giano y sostuvo además que “se está frente al cumplimiento de la manda constitucional entrerriana, con aquello que los constituyentes han establecido tanto en el año 1853, como en la reforma de 1994”, añadió.
“Negarle derecho de conocimiento al público en general, sería como decir que este parlamento solo tuviera que estar integrado por profesionales del derecho que tengan formación jurídica” dijo Giano en clara referencia a la posibilidad de integración de las y los ciudadanos en el proceso de administración de la justicia penal, así como detalló los alcances para la selección de las y los jurados, entre otros aspectos.
Debate previo
Por su parte el senador Lucas Larrarte, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, destacó el trabajo realizado en el análisis y debate en las distintas jornadas de trabajo y que además logró junto a la Comisión de la Cámara de Diputados desarrollar una jornada de reflexión sobre esta herramienta institucional, en el que participaron referentes y prestigiosos juristas y que dio la posibilidad de debatir socialmente sobre esta Ley.
Larrarte sostuvo que desde la Legislatura se ha planteado la necesidad de debatir con la sociedad – y a través de sus organizaciones- estos proyectos. Por eso indicó que la Legislatura debe retomar su rol principal, establecido por la Constitución, de procurar la mejora de sus instituciones. Por eso añadió que el desafío actual de la Legislatura pasa por generar nuevos espacios para la discusión, y ese debate debe ser público, con el aporte especialistas.
