“Esta jornada contra el trabajo infantil debe estar orientada a la promoción y el apoyo para las personas e instituciones que luchan contra la explotación de niños, niñas y adolescentes, y nos compromete a romper el silencio y la impunidad de quienes explotan económicamente a los niños”, señaló el ministro de Salud y Acción Social, Angel Giano, al referirse a la problemática que también afecta a Entre Ríos.
Desde el Consejo Provincial del Menor (CPM) –repartición del Ministerio de Salud y Acción Social- se aborda la problemática del trabajo infantil a través del desarrollo de actividades relacionadas con programas para la protección de los derechos de los niños, brindando servicios que fortalezcan a cada familia. Desde hace tres años se trabaja junto a organizaciones no gubernamentales en Paraná, Concepción del Uruguay y Concordia en potenciar las capacidades de la familia y brindar servicios que garanticen que los niños concurran a la escuela. Para ello, “se debe contribuir al sostenimiento familiar, garantizando los controles sanitarios, que sigan asistiendo a la escuela y tengan apoyo en la escuela, para lo cual desde el área de Educación se brinda becas a los niños en edad escolar, como una de las alternativas para cortar el circuito de la pobreza”, señaló
Por su parte, la presidenta del Consejo Provincial del Menor, Dora Jávega, sostuvo que con respecto a la problemática del trabajo infantil “no hay otra receta que garantizar la integración de los niños a la escuela, y en los primeros años hay que hacerlo a través de los jardines maternales, estimulando a los municipios a que establezcan estos lugares, que brinden apoyo a las madres y padres que trabajen”.
El CPM integra una comisión junto con la Dirección de Trabajo entrerriana y el Ministerio de Trabajo de la nación, donde también participa el área de Educación. “Lo que hacemos es garantizar la protección social de los niños”, dijo la funcionaria.
Más adelante, Jávega comentó que en el 2007 se llevó adelante una actuación en conjunto con la Dirección de Trabajo, en la zona de quintas de Paraná por una denuncia de explotación laboral de menores. Se hizo un trabajo de restitución de los niños y se les dio la protección social y jurídica, mientras que la Dirección de Trabajo intervino con estos dueños de quintas que explotaban a sus empleados. “Esto es importante desde una perspectiva en una sociedad más justa y solidaria, donde no sólo son el problema los casos de supervivencia infantil sino los de aquellos productores que contratan a niños porque es mano de obra más barata que contratar a sus padres, y aquí está la conciencia de los adultos y de quienes son productores”, acotó Jávega.
“Cuando tomamos conocimiento de estas situaciones, tomamos contacto con la Dirección de trabajo para que ellos hagan la tarea de tratamiento de la situación de los niños”, apuntó la presidenta del CPM.
En nuestro país hay más 1.500.000 niños trabajadores. El 90% del trabajo infantil se da en el sector informal de la economía, a más temprana edad en el campo que en la ciudad con una carga horaria semanal promedio de 45 horas. El 50% de los niños no reciben remuneración por su labor y un tercio de ellos realizan trabajos peligrosos. Un niño incorporado de manera prematura al mercado laboral llega a la edad adulta sin la preparación necesaria para acceder a ocupaciones calificadas, lo que le impide modificar su situación de precariedad. Así, el trabajo infantil perpetúa el círculo vicioso de la pobreza.
La Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) define por trabajo infantil a toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata de trabajo peligroso.
En el ámbito rural, los niños que trabajan se desempeñan en las cosechas, como floricultores y horticultores y frecuentemente se ve obligados a manipular sustancias agroquímicas peligrosas. En el medio urbano, el trabajo infantil suele estar asociado al cirujeo, la venta ambulante, ser acompañantes de adultos que venden o mendigan en transportes o en la calle, ser objeto de explotación sexual con fines comerciales, pornografía y/o turismo sexual. El trabajo de menores en una ciudad también se vincula con el tráfico de drogas y servicios a automovilistas en la vía pública (malabaristas, limpia-vidrios, abre-puertas). El trabajo infantil atenta contra derechos fundamentales como el derecho a la educación, a la salud, a la igualdad, a la no discriminación y al juego.
Por ser una problemática social compleja, para intervenir contra el trabajo infantil se requiere de la acción coordinada de múltiples actores sociales –organismos gubernamentales, organizaciones sindicales, empresarias, religiosas y de la sociedad civil- que intervengan articuladamente con una perspectiva de trabajo en red. Deben generarse soluciones integrales de apoyo a los niños y niñas y a sus grupos familiares.
Un informe mundial sobre trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo señala que el fenómeno sigue siendo un problema global masivo, particularmente en sus peores formas: hay 246 millones de niños entre 5 y 17 años que trabajan en el mundo, de los cuales 179 millones están vinculados a la explotación sexual comercial, pornografía, turismo sexual, tráfico de drogas, delincuencia, niños usados en conflictos armados, niños mineros, entre otras actividades, lo que atenta gravemente contra su salud y su desarrollo, profundiza la desigualdad, viola los derechos humanos fundamentales de la infancia y la adolescencia, acelera los procesos de maduración, impide o limita el adecuado proceso educativo, enfrenta a los menores a un ambiente hostil y adulto, y genera pérdida de autoestima y en muchas ocasiones problemas de adaptación social.
