Otro caso de intimidación durante una protesta estudiantil por parte de fuerzas de seguridad. Esta vez ocurrió en una escuela secundaria de Moreno, cuando estudiantes y docentes hacían una protesta por la crítica situación en que se encuentra el edificio, con partes derrumbadas y paredes electrificadas. En medio de la protesta, efectivos de la Gendarmería se acercaron a los chicos y docentes que protestaban, pidieron nombres y tomaron fotos. Luego entraron para hablar con el director para constatar “si era cierto lo que contaban los alumnos”. Los gendarmes preguntaron si la protesta era por Santiago Maldonado. Padres y docentes denunciaron el episodio como un nuevo caso de “intimidación policial”.
La protesta había sido convocada por los estudiantes de la escuela secundaria Nº6 Juana Azurduy, en Moreno, para reclamar por las graves condiciones edilicias que sufre la institución. El viernes pasado, durante una tormenta, el agua colapsó las goteras y alcanzó el sistema eléctrico, lo que provocó la electrificación de las paredes. Parte de la escuela, además, está completamente derrumbada por una obra que quedó sin terminar. La jornada de protesta, que convocaron los alumnos con apoyo de docentes y padres, incluía una permanencia pacífica en la escuela y el corte de calle.
“De la nada vinieron dos gendarmes y empezaron a sacar fotos. Querían los nombres de los chicos y docentes que estaban participando de la protesta. Los que se acercaron hasta la escuela fueron dos efectivos, pero en las camionetas había como ocho”, contó Lilian Sauco, madre de dos alumnos que participó del reclamo. La madre contó que le dijo a los gendarmes que no podían tomar fotos a los chicos porque eran menores de edad y que los efectivos, entre las preguntas que les hicieron, querían saber si la protesta se debía por la desaparición de Santiago Maldonado. “Estábamos reclamando que los chicos tengan un buen lugar para estudiar y que los docentes pueden trabajar como corresponde”, respondió la mujer.
La protesta había sido convocada por el centro de estudiantes, pero enseguida contó con el apoyo de los docentes. “Nuestra escuela se cae a pedazos y tiene un problema eléctrico. Con la lluvia las paredes se electrifican y si nos quedamos adentro de la escuela nos podemos morir”, aseguró la presidenta del centro de estudiantes. La afirmación de la estudiante podría sonar exagerada, pero no. La misma tarde de la protesta, un inspector municipal fue hasta la escuela y clausuró algunos salones por el riesgo eléctrico que implicaba el contacto con las paredes.
“Estábamos con los chicos en la calle cuando vemos que por una de las esquinas se acercan dos camionetas de Gendarmería. Se bajan dos efectivos y les empiezan a hacer preguntas a los chicos, mientras uno de los gendarmes tomaba nota en una libreta. Enseguida nos acercamos los adultos para preguntar quién los había mandado y decirles que no podían sacarles foto a los chicos. Lo único que respondían era que estábamos cometiendo un delito por cortar la calle”, le contó a Página/12 Mariana Cattaneo, secretaria general de Suteba Moreno, que desde el gremio acompaña el reclamo.
Según contó Cattaneo, los efectivos entraron a la escuela para hablar con el director y “constatar” que lo habían dicho los alumnos era cierto. “La situación de la escuela está a la vista, al entrada está derrumbada por una obra abandonada desde 2012. Más tarde vino el inspector municipal y vio en qué condiciones está la escuela e incluso clausuró algunos espacios. Nos dijeron que el jueves nos darían una repuesta en cuanto a la continuidad de la obra. Si no los alumnos planean retomar la toma”, afirmó Cattaneo.
No es la primera vez que policías o efectivos de las fuerzas de seguridad traspasan las puertas de las instituciones educativas durante actividades convocadas por docentes y alumnos. Algo similar había pasado en el Mariano Acosta, en abril, cuando cuatro policías armados ingresaron al colegio durante una clase pública organizada por el centro de estudiantes. Un mes más tarde, seis policías bonaerenses armados ingresaron a la escuela Normal Antonio Mentruyt (ENAM), en Banfield, para intentar llevarse detenidos a dos estudiantes menores de edad. Hace dos semanas, en Mar del Plata, efectivos de la Prefectura Naval Argentina se presentaron en la puerta del Instituto del Profesorado del Arte (IPA) Adolfo Ábalos, para pedir documentos y anotar en una planilla los nombres de todos los alumnos y docentes que ingresaban por un supuesto "operativo de averiguación de persona". Esa decisión no puso fin, de todos modos, al conflicto sectorial. Desde Celadi informaron que no podrán cumplir con esa condición y alegaron ser el único sector del transporte de pasajeros que no percibe subsidios. En UTA confirmaron que de mantenerse esa postura en los primeros días de septiembre, al momento del pago de los sueldos de agosto, habrá un paro nacional de la actividad. Se trata de un minué conocido y que en la administración anterior también desplegaban todos los protagonistas: ante la advertencia oficial de una quita de subsidios se generaba una presión concordante entre empresas y gremio para destrabar fondos públicos para hacer frente al pago de sueldos. En reserva, las tres partes admiten que es el desenlace más lógico también en este caso.
En cualquier caso el panorama no es alentador para Moyano, que esperaba convencer a los gremios del transporte público de sumarse a las amenazas de medidas de fuerza para sumar volumen con vistas a un reordenamiento de la CGT tras las elecciones de octubre. Del lado del camionero permanece el puñado de sindicatos que en general le es fiel y que colmó el palco de la semana pasada pero que no representa una amenaza a la hora de los votos en el Consejo Directivo para los dirigentes enrolados en la posición conciliadora.
