HISTORIAS DE LA PANDEMIA
Antes de ingresar en tiempos de pandemia, comerciantes de todo el país iban habitualmente a Buenos Aires (Flores y La Salada) a comprar mercadería a proveedores. Lo hacían en trafic o en ómnibus, que trasladaban a esos compradores que regresaban con bultos de ropas para c/u de sus negocios.
El Covid-19 cambió la historia. Las dificultades para transportase obligó a esos comerciantes a buscar alternativas, una de ellas, fue la de contratar a una persona que hacía de puente entre comerciantes y proveedores. A esas personas la Gendarmería detuvo en la Autovía les revisaba el vehículo y le secuestraba el dinero que, iba discriminado en paquetes con el nombre de (proveedores) quienes debían recibirlo en Buenos Aires.
Así, los comerciantes se quedaban sin el pan y sin la torta. Ni mercadería ni dinero.
Ante ese estado de cosas contrataron un abogado para recuperar el dinero incautado y liberar a la persona sospechada de tráfico de divisas, de sortear ese delito. Así, DIARIOJUNIO accedió a la Resolución judicial (cuya causa se inició el 11 de septiembre de 2020 día del secuestro por parte de Gendarmería), en la que el juez Seró dicta el sobreseimiento del intermediario de los comerciantes, esto es, Hugo Marcelo Ruiz Díaz y RESUELVE devolver el dinero incautado, en rigor, $ 1.259.533.-
La historia ya de por si es más que llamativa ya que, la Ley permite transportar e incluso salir del país con una suma que no supere los 10.000 dólares, o sea, una cifra superior al incautado.
Sin embargo y a pesar del tremendo inconveniente ocasionado, la historia está lejos de terminar aquí. Igualmente vale destacar «la rapidez» con que la justicia resolvió este caso que ofrece muchas aristas.
PURA DESINTELIGENCIA
Luego del secuestro del dinero de marras ocurrido el pasado mes de Septiembre, Gendarmería corrió vista al Fiscal Federal y se abrió una causa judicial cuya carátula fue “Ruiz Díaz, Hugo sobres a determinar”, en rigor, determinar si el dinero que contenían esos SOBRES, era o no el producto de un delito.
Con la intervención del abogado defensor hubo una declaración jurada de c/comerciante con las constancias de inscripción en AFIP y declarando los montos incautados que dirigían a cada proveedor.
El juez Seró constató de esta manera la inexistencia de delito, sobreseyó a Ruíz Díaz y ordenó la devolución del dinero.
BANCO NACION ENCARGADO DE DEVOLVER EL DINERO ¿LO HACE?
Como ocurre en estos casos, el dinero incautado va a parar al Banco Nación, por lo tanto es este quien debe devolverlo.
Lo hizo, pero no a través de ese monto en efectivo, sino mediante un cheque a nombre de Ruiz Díaz (quien para hacerse del mismo debió viajar a la ciudad de C. del Uruguay) donde se enteró que no se lo iban a pagar por ventanilla sino que debía abrir una cuenta y retirar esa suma a razón de $ 30.000 por día.
O sea, pura burocracia que lejos de ayudar a calmar los ánimos en plena pandemia, enfurece a las personas (comerciantes) que, no solo tienen problemas para sortear esta situación sin quedar en el camino, sino que además deben enfrentar una burocracia estatal desentendida de las problemáticas que genera.
Ahora y según los dichos del abogado, la opción que les está dando el Banco Nación (al que los damnificados llaman y nadie atiende), es librar un oficio con cada uno de los CBU de las 28 víctimas y solicitar una transferencia individual a cada cuenta o caja de ahorro.
¿CORRUPCIÓN?
DIARIOJUNIO a su vez, pudo escuchar de boca de algunos de los damnificados que, en realidad en el monto que la justicia le devuelve, existiría un faltante de alrededor de $ 40.000.-
Sospechan que, cuando detuvieron al chofer-intermediario en horas de la madrugada, en rigor, 01:20 hora, en virtud del procedimiento llevado a cabo por personal de la Sección Colon del Escuadrón 6 de Gendarmería Nacional, en Ruta Nacional 14, km. 164,5, localidad de San José, departamento Colon, provincia de Entre Ríos.
El abogado incluso en un mensaje a sus clientes les aclara que de acuerdo a las declaraciones de cada comerciante en cuanto a lo que le entregó al comisionista, se trata de $ 1.278.848.-, sin embargo el cheque librado por el juzgado alcanza la cifra de $ 1.239.522.- emitido con fecha 12/11/20.
En otras palabras hay un faltante de más de $ 39.000.-
El dato insoslayable (para evitar que encima las culpas no recaigan en el pobre comisionista al que le arruinaron el negocio), es que los sobres estaban cerrados y tenían un destinatario específico. ¿Quién se quedó con esa diferencia?
Cuando los comerciantes y el abogado se enteraron del faltante y de que, para recuperarlo había que volver todo a fojas 0, decidieron perder ese monto y avanzar para por lo menos recuperar algo de lo perdido.
En síntesis, a la fecha, no recuperaron ni la mercadería, ni el dinero, debieron contratar a un abogado (al que deben pagarle) y encima prorratearon “ese faltante” entre todos para no seguir perdiendo tiempo y dinero.
No es para nada una cifra importante, sin embargo este episodio de detener vehículos y secuestrarles dinero viene pasando de manera reiterada por lo que, podría tratarse de una práctica habitual. Por esta razón DIARIOJUNIO da cuenta del detalle.
