En cuanto a la postura, Garay informó que se retomará el planteo general explicitado en la audiencia anterior, de septiembre pasado, basado en el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia en relación a la proporcionalidad y la razonabilidad que debe primar a la hora de aplicar incrementos de precios en servicios esenciales.
"Entendemos que a un nuevo aumento -por más que sea de un 10% ahora, un 10% en octubre y otro 10% en los primeros meses del año que viene, tal cual lo dice el gobierno- debe sumársele la suba que se le otorgará a las distribuidoras y que empezará a regir el 1 de abril, que se estima puede ser de más del 40 %", detalló. Añadió que la acumulación de aumentos, rondaría el 70% en el precio del gas para este año, porcentaje con contrastaría con la estimación oficial del 17% de inflación, dato con el que se buscan los acuerdos en paritarias.
"La razonabilidad pasa por otro lado. Hay que manifestar nuestra postura al gobierno nacional. Si se quitan los subsidios, que sea en términos razonables. Consideramos que podría ser cada tres años, algo que permita que la situación salarial de los ciudadanos esté estabilizada", añadió.
La Defensoría del Pueblo de Paraná viene participando de las audiencias públicas por las tarifas de servicios públicos esenciales llevando una postura basada, fundamentalmente, en la situación de los ciudadanos que acuden a la institución, además de cuestiones técnicas y jurídicas.
La convocatoria a la audiencia fue realizada por el Ministerio de Energía de la Nación, mediante resolución 29-E/2017, para definir un nuevo porcentaje de aumento de la tarifa del gas a partir del 1 de abril.
