El fideicomiso se logra formar por presión del Gobierno entrerriano. Una vez que se hizo público que la Nación financiaría un gasoducto que alimentaría a provincias del noroeste argentino que no cuentan con desarrollo gasífero alguno, la actual gestión planteó que una compensación haga las veces de resarcimiento al hecho de que en nuestro distrito las obras se hicieron con una fuerte contribución del sector público. El Gobierno nacional aceptó el reclamo pero ubicó la solución en un justo medio: un fideicomiso orientado a la realización de ciertas y determinadas obras, que profundice el extensión de ramales y redes domiciliarias. Al frente de la gerencia del fideicomiso y del diseño técnico de los proyectos está Gas Nea, concesionaria de la distribución; mientras la provincia acuerda con ella plazos y prioridades e inspecciona el cumplimiento de las metas que se fijaren.
De ahí la importancia de la reunión entre representantes del Gobierno provincial y de la distribuidora Gas Nea, la semana pasada, en la sede del Ente Nacional Regulador del Gas.
Hay un asunto central: una resolución del Enargás obliga a que cuando la obra tenga determinada dimensión, se constituya un espacio de tiempo (un mes) para que cualquier interesado exponga sus objeciones. Terminado el plazo, el Enargás las evalúa y responde o manda corregir, según corresponda. Esa resolución, que lleva el número 10, es reciente. De manera que todas las obras que ya se hicieron en la provincia, en el marco del programa de desarrollo gasífero, fueron ejecutadas sin estas prevenciones que tienden a un respeto mayor y más pleno por los derechos del usuario, es cierto, pero que además dilatan notablemente el comienzo mismo de los trabajos.
Completamiento
Lo que la provincia pidió es que los proyectos de ampliación de las redes domiciliarias de Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Gualeguay no sean consideradas “nuevas obras” sino como un completamiento de las oportunamente ejecutadas. En estas localidades, sólo se construyó la mitad de lo originalmente previsto y ahora se encararía lo que quedó pendiente. Y, en rigor, este “completamiento” ya había sido aprobado allá lejos y hace tiempo. Si el Enargás accediera al pedido de la provincia, las labores en estas cuatro ciudades empezarían casi de inmediato. Para tener una idea del impacto, las ampliaciones en Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Gualeguay representan 270 kilómetros de cañerías y el 40 % de los 53 millones involucrados en el fideicomiso.
ALCANCES. A propósito de la flexibilidad que tiene el instrumento financiero, debe consignarse que las redes y la infraestructura de Federal están en trámite de ser licitadas con recursos de la Secretaria de la Energía, a pesar de que originalmente fueron parte de los emprendimientos que se ejecutarían a través del fideicomiso. En la misma situación se encuentran las tramas urbanas de Aranguren, Hernández y Hernandarias (se empezó la semana pasada).
Una inversión de 6,8 millones
En total, la inversión prevista ronda los 6,8 millones de pesos y, simultáneamente, debe definirse qué nuevas obras ocuparán su lugar en el fideicomiso: redes para pequeñas localidades que quedaron afuera del programa de desarrollo gasífero, ampliaciones en poblaciones que ya cuentan con el servicio y hasta subsidios para el llamado “gasoducto productivo”. El resto de las obras, sin ninguna duda, se hará bajo las especificaciones de la resolución 10, es decir, se anunciará en la prensa la intención de realizar cada proyecto, se abrirá un registro para eventuales oposiciones (seguramente en las respectivas sedes comunales), el Enargás fijará posición sobre cada hipotética queja cuando estuviera suficientemente fundada y, recién allí, se llamará a licitación.
En el plano estrictamente económico, la intención del Gobierno es recuperar al menos los 35 millones que aporta la Nación. Porque para la provincia es lo mismo invertir los 8 millones de pesos en nueva obra por su cuenta o destinarlos al fideicomiso. Los otros casi 10 millones (devolución del IVA) con que la provincia contribuiría, también serán asumidos como una capitalización a la infraestructura. El recupero se produciría a partir de un pequeño cargo, que se incluiría en la factura de consumo, a lo largo de 27 años. A su vez, lo recaudado retroalimentará el fideicomiso y le asegurará la perdurabilidad.
