La investigación es realizada por la justicia a raíz de los violentos incidentes producidos el 8 de diciembre en Concordia, cuando un grupo de efectivos tomaron la sede de la Jefatura Departamental y dejaron de prestar el servicio de seguridad. En ese contexto, según el procurador, habrían instigado a grupos de civiles a atacar comercios y apropiarse de bienes.
Para García el personal policial que se rebeló “equivocó absolutamente el camino desde el primer día, y quebrantaron de una manera grosera las normas elementales de la convivencia, en este caso tomando las armas, tomando la Jefatura, utilizando los vehículos que le da la sociedad para que vigilen la seguridad mínima de los ciudadanos y lo pusieron de trincheras, lesionaron a sus jefes y privaron de la libertad a personas”, subrayó.
El procurador fue más allá y consideró que “lo más grave, en convivencia con las personas que anunciaron esta inacción policial y la coordinaron, es el momento que ellos hicieron la sedición y se saquearon los comercios”, expresó.
La ciudad entrerriana vivió momentos de caos y zozobra a partir de la falta de patrullajes en las calles y una coordinada acción –muchas a través de las redes sociales- que instaron a saquear los comercios. Como dato llamativo de esas jornadas sobresale que los saqueadores no eligieron alimentos para llevarse, si electrodomésticos casi de forma excluyente.
García sostuvo además que “en aquel momento, claramente las autoridades políticas dijeron a los sublevados que esto no tenía nada que ver con el tema judicial. Que el tema judicial iba por un poder que es aparte del Poder Ejecutivo o Legislativo. Y yo había sido bien claro de que esto no podía haber vuelta atrás. El quebrantamiento de la norma penal, que es una norma, es como el domicilio, no tiene vuelta atrás. Tiene consecuencias”.
Por otra parte, el procurador general evaluó la participación en los sucesos de distintas personas, puesto que “algunos se acercaron porque estaban reclamando, otros porque tenían problemas de sueldos y otros se acercaron precisamente a tomar la Jefatura. Y éstos son los que han sido ahora individualizados, en concreto, y a los que se les ha hecho la imputación”.
“Las pruebas fueron colectándose y precisamente son las que determinaron a los fiscales a seguir la detención para las indagatorias, y después para que nosotros pidamos la prisión preventiva de ellos, porque estas personas durante todo este tiempo se hubieran podido presentar pero no sólo no hicieron eso, sino que además de que estuvieran amenazando todo este tiempo de que iban a cortar las rutas, iban a continuar con las medidas, insistían en la absurdidad ésta de que una negociación extorsiva pudiera tener validez”, continuó diciendo García.
El funcionario judicial justificó la detención de los uniformados “por la gravedad de los hechos imputados” y agregó que “hay riesgo también para la prosecución de la investigación y por eso pedimos la privación de la libertad durante el proceso, porque la sedición agravada tiene hasta doce años de prisión, entonces estamos hablando de situación de pasivos prácticamente inmediata”.
García señaló también que la justicia se ocupó de “los hechos más graves, porque esa es la naturaleza del derecho penal” pero que eso “no quiere decir que en el derecho administrativo, que es totalmente aparte del ámbito judicial, no se tomen medidas para quienes, aún sin haber cometido delito, pueden haber cometido faltas administrativas que responden a la unidad vertical de la institución policial, pero no son alcanzados por el ámbito penal”.
Por último no descartó que puedan “surgir otros imputados que no aparecieron en el momento, instigadores, cómplices, o que aparezcan pruebas de otra clase en estos sumarios administrativos”.
