Esto se debe a «la gran amplitud de las exenciones que benefician a las rentas de capital provenientes de colocaciones financieras, intereses de títulos públicos, tratamiento independiente de los dividendos y numerosas exenciones, entre las que se cuenta la exoneración de todas las ganancias de capital que obtienen las personas físicas por cualquier concepto que sea».
Este fenómeno fue advertido en un informe sobre cómo mejorar la distribución del ingreso, elaborado a partir de un convenio entre el Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Estudio, a cargo de los expertos Juan Gómez Sabaini y Darío Rossignolo, señala que, a diferencia de los países desarrollados, aquí el peso de Ganancias recae sobre las empresas y sociedades. Y aunque tiene un impacto reducido sobre las rentas de las personas, castiga más al trabajo.
Así, una dificultad para lograr equidad distributiva sería que «el impuesto más progresivo de todos -Ganancias de personas físicas- produce sólo el 1,6% del PBI aún en sus mejores años y esto se debe a que se aplica de manera mayoritaria a las rentas obtenidas del trabajo en relación de dependencia».
Las ganancias de capital, por las deducciones y exenciones, casi no aportan nada, explica.
También se destaca que los impuestos patrimoniales -que pueden ser tomados como gravámenes directos destinados a modificar la distribución de los ingresos- «se encuentran prácticamente ausentes de la estructura tributaria del gobierno nacional».
Actualmente, a los trabajadores dependientes y los jubilados sin cargas familiares les descuentan Ganancias si ganan más de $ 4.015 por mes. Y a los casados con 2 hijos cuando ganan más de $ 5.554 mensuales.
En el caso de los monotributistas es más evidente aún: en la cuota mensual que pagan estos contribuyentes están incluidos los aportes por IVA y Ganancias, incluso a partir de la categoría mínima, que integran los que ganan hasta 2.000 pesos mensuales.
En cambio, los autores destacan el «sostenido crecimiento de la tributación sobre los consumos» porque «ante la constante falta de recursos, los gobiernos han recurrido de manera sistemática a la imposición general al consumo (a través del IVA)». En tanto, los gobiernos provinciales fueron extendiendo y elevando las alícuotas de Ingresos Brutos que «representa un impuesto a las ventas (en cascada)». Estos impuestos recaen más sobre el 20% más pobre ya que «castigan más a aquellos que consumen todos sus ingresos».
Sabaini y Rossignolo agregan que los salarios están doblemente castigados por la voracidad fiscal: además de que recae sobre ellos el peso mayoritario del impuesto a la renta personal, los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia están gravados por las contribuciones al sistema de la Seguridad Social, consigna Clarín.
