Gallo expresó que, mediante la resolución N° 10.050, la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, fijo una medida temporal, hasta enero de 2022 que congela los precios de 1.267 productos para la provincia de Entre Ríos. “Sin dudas, es una medida que, si no es acompañada por los gobiernos provinciales o municipales, es una medida que no va a ser efectiva”, dijo Gallo hace una semana, cuando fue presentada la iniciativa.
“El gobierno decide tomar esta medida para evitar el aumento de precios, Hay que ubicarnos en el contexto actual: estamos saliendo de una pandemia, hay consecuencias económicas. Así como el gobierno les brindó una mano a los empresarios abonándoles el 50 % de las remuneraciones de sus trabajadores, también tiene que poner un freno para que el pueblo no siga padeciendo”, dijo el edil.
El edil explicó que insiste en la delegación de las facultades sancionatorias que hoy son materia exclusiva de la provincia. Y recordó que, en mayo de 2021, con una medida similar de Precios Cuidados, solicitaron al Ejecutivo que tenga en cuenta esas facultades. De lo contrario, la oficina de Defensa del Consumidor solamente se limita a hacer conciliaciones. “Por lo que ha crecido la población de Concordia, no es lo mejor”, remarcó. Por ende, para que las medidas emanadas desde el gobierno nacional en beneficio de los consumidores sean eficaces, se necesita tener facultades sancionatorias.
“Hay que acompañar al gobierno nacional y para ello, los funcionarios deben ponerse al frente de estas medidas que buscan ponerle un freno a inflación y a la especulación irracional e injustificada de los precios”, dijo el edil hace una semana.
Además de exhortar a que tome un rol protagónico a la oficina que comanda Pablo Lapiduz, Gallo recordó que el intendente Alfredo Francolini le pidió la renuncia a todo el funcionariado. “Él tendrá que evaluar oportunamente si el funcionario cumple o no de acuerdo a sus expectativas y a lo que reclama la gente”, dijo Gallo.
En tanto, el presidente del bloque opositor, Luciano Dell Ollio, coincidió con los expresado por Gallo al señalar que la oficina municipal no tiene las herramientas legales para dar soluciones. “La sociedad cree que está cumpliendo un rol que no lo está cumpliendo porque no tiene las herramientas legales, edilicias, económica ni de recursos humamos. Es imposible que una oficina que tiene que defender a la sociedad funcione con tantas carencias”, dijo en el recinto el jueves pasado.
Pero Carola Laner (JXC) dijo que se debe defender al consumidor “controlando la inflación, no persiguiendo empresarios”. “Se necesita un plan que genere credibilidad que no lo hay actualmente”, añadió. En la misma línea, Felipe Sastre (JxC) dijo que “se llevan 4.000 años de controles de precio y ninguno de ellos fue efectivo para contener la inflación”. Y recordó que, a diferencia del presidente Alberto Fernández, que impuso los precios de los productos, el ex presidente Macri “celebró un acuerdo con diferentes actores del sector comercial”. “Macri tenia claro que, a través de su visión, la única manera de controlar la inflación era a través del consenso”, recalcó.
El “consenso” con los empresarios de Macri llevó a que, en su último año de gobierno, en 2019, el Índice de Precios al consumidor acumulase una suba del 53,8%. Se trata de la inflación más alta desde 1991, informó en enero de 2020 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
